La Comisión de Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales conformó este martes su nueva mesa directiva. La Presidencia estará a cargo del senador Arnaldo Franco; la Vicepresidencia recayó en el senador Blas Lanzoni y el senador Sixto Pereira fue designado como relator. En la ocasión se trataron además varios temas.
El primer punto, giró en torno a la presentación del proyecto de Ley “ Que declara de interés social sujeto a expropiación parte el inmueble con finca Nro. 1296, 2018 con padrones 58 y 4440 respectivamente, que fue ocupa por la Comisión vecinal Guillermo Jesús, con 400 familias posteriormente desalojadas en la compañía Isla Bogado, del Distrito de Luque, presentado por los senadores, Sixto Pereira, Carlos Filizzola, Fernando Lugo, Hugo Richer, Jorge Querey y Esperanza Martínez, de fecha 13 de mayo de 2019.
Asimismo, la comisión, resolvió posponer para la próxima semana el estudio del proyecto de Ley que "Declara de utilidad Pública y expropia a favor del Estado paraguayo- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, los inmueble individualizados como fincas nº s 449, 450, 3207 y 2763 ubicados en el distrito de San Lorenzo, departamento Central", para la implementación de los proyectos de mejoramiento de acceso y salida vehicular a la ciudad de San Lorenzo, presentado por el senador, Oscar Salomón, de fecha 9 de mayo de 2019.
Otro proyecto que cuenta con dictamen en mayoría, pero con modificaciones, es el proyecto de Ley “Que desafecta del dominio público municipal y se afecta a favor del Estado paraguayo, Ministerio de Defensa Nacional, el inmueble asiento del edificio del Panteón Nacional de los Héroes y Oratorio de l Virgen Nuestra Señora de la Asunción, propuesta del Poder Ejecutivo, con entrada a plenaria el 14 de agosto del 2018.
A la vez se pospuso el estudio, para ocho días, el proyecto de Ley,” Que regula la emisión de ruidos, presentado por los diputados nacionales, Hugo Ramírez, aprobado por la Cámara de Diputados en sesión de fecha 8 de mayo de 2019. Con este proyecto de ley se pretende otorgar poderes a la Policía Nacional y al Ministerio Público, a fin de realizar allanamientos e incautar los elementos que causen ruidos molestos a los vecinos, dañando su salud y bienestar.
