La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública que hoy fue presidida por su vicepresidente, Juan Bartolomé Ramírez, analizó el Proyecto de Ley “Que reglamenta el ejercicio del Derecho a la Objeción de conciencia al Servicio Militar Obligatorio y establece el Servicio Sustitutivo en beneficio de la población civil”, presentado por los senadores Stephan Rasmussen, Fidel Zavala y Georgia Arrúa.
Para el debate de este documento se contó con la presencia de vice ministro para las FF.AA, Francisco Guzmán Espínola y del defensor del pueblo, Miguel Godoy, quienes fundamentaron su oposición al referido documento.
El senador Ramírez expresó que la posición del Ministerio de Defensa para la reglamentación de la Ley del SMO es conformar una comisión civil especial, donde no tenga atribución la Defensoría del Pueblo ni el Ministerio de Defensa y que todo esté en dependencia del Poder Ejecutivo.
Añadió que proseguirán con el análisis de este proyecto debido a que algunos senadores estarían presentando modificaciones. Asimismo, solicitarán informes al Ministerio de Defensa y a la Defensoría del Pueblo.
Por su parte, el defensor del pueblo, Miguel Godoy indicó que su presencia en esta sesión era para manifestar la oposición absoluta a que los objetores de conciencia puedan estar cumpliendo su trabajo a favor del Estado en la Justicia Electoral, en las mesas receptoras de votos, según se establece en el proyecto analizado.
Además, están en contra que se traslade a las FF.AA. las funciones de poder decidir sobre la figura de objetor, pues, dijo que “estarían estableciendo quién es apto o no para ser objetor de conciencia”, explicó el entrevistado. Para el funcionario, lo que se lograría con esta medida es fomentar la famosa compra de baja, como sucedía años atrás y que estaría costando como tres millones de guaraníes.
Manifestó que la declaración de insolvencia es una salida que actualmente se tiene con respecto a la contribución de los que no prestan el SMO y sobre el punto dijo que un 90 por ciento de los jóvenes se declaran en insolvencia y el resto están trabajando a favor de entidades de beneficencia sin fines de lucro.
