Durante la sesión ordinaria de este jueves en la Cámara Alta, el titular de la Comisión Bicameral de Control de los recursos previstos en la Ley de Emergencia, el senador Amado Florentín, alertó a sus pares que los préstamos aprobados al Poder Ejecutivo representan además, créditos que se encuentran en trámite y que, con ello, aumentará considerablemente la deuda pública. El Pleno decidió invitar al presidente de la República, a asistir a la sesión extraordinaria del próximo martes, para que informe sobre este tema.

El legislador mencionó que al aprobarse la Ley de Emergencia, referido a los 1.600 millones de dólares para el combate al COVID-19, se le aceptó también al Ejecutivo a contar con aquellos préstamos que se encuentran en trámite administrativo legal o constitucional en la República del Paraguay.

Para sostener sus afirmaciones, el legislador proyectó ante el Pleno un material audiovisual donde demostró que con este artículo aceptaron conceder al Ejecutivo un total 1.990 millones de dólares.

Los préstamos que rigen bajo el artículo 35 de la Ley N° 6524/2020, son 90 millones de dólares para el Programa de Apoyo a la Agenda de Trasparencia en Paraguay; también el préstamo de 200 millones de dólares en préstamo de Apoyo a Políticas de Desarrollo (BIRF) y 100 millones de dólares para el Proyecto de Inserción a los Mercados Agrarios. 

Manifestó además, que ese mismo día, cuando se aprobaron los 1.600 millones de dólares se aceptó también, 100 millones al Ministerio de Agricultura y Ganadería, y 215 millones de dólares para el fortalecimiento de las APS, (programa de atención primaria de la salud, dependiente de la cartera sanitaria). 

OTROS PRÉSTAMOS APROBADOS 

El senador Amado Florentín indicó además que ya se aprobó en la Cámara de Diputados y cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Hacienda del Senado, un pedido de préstamo para el Ministerio de Hacienda de 60 millones de dólares de FONPLATA y, otro, de 276 millones de dólares, del Fondo Monetario Internacional. Sumados todos los montos, dijo que se estaría llegando a 15.732 millones de dólares de deuda pública, que es el 36 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Recordó a sus pares que la Constitución establece que la Cámara de origen para aprobar préstamos internacionales es el Senado y como el proyecto de modificación del FOGAPY tuvo su origen en la de Diputados, es irregular su aprobación. Lo mismo sucede, dijo, con los pedidos de préstamos de 276 millones del FMI y el de los 60 millones de dólares del FONPLATA.

El senador Florentín pidió a sus colegas que tengan en cuenta estos datos porque todo indica que son deudas más deudas para el país y las entidades encargadas de utilizarlas, como el Ministerio de Salud, que tiene muy baja ejecución presupuestaria.

Precisamente sobre este punto, el senador Amado Florentín también criticó el bajo nivel de ejecución presupuestaria de los 514 millones de dólares que se le otorgó al Ministerio de Salud para combatir la pandemia. Manifestó que hasta el momento y, de acuerdo al monitoreo realizado, la ejecución total de dicho mono fue menor del 1 por ciento. Los informes dan cuenta que el Ministerio ya adjudicó 25.990 millones de dólares pero dentro de este monto están los 13.500 millones de dólares que fueron a parar en el proceso de adquisición fallida.

DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO

El legislador expresó que estos montos no fueron destinados a fortalecer hospitales, sanidad pública, camas de terapia intensiva, sino en compras fallidas y por lo tanto el porcentaje de ejecución fue ínfima. Indicó que incluso los equipos de protección individual con que cuenta actualmente el Ministerio de Salud forman parte de donaciones.

Todas las supuestas irregularidades, forman parte de una carpeta de denuncias que la Comisión Bicameral entregó al Ministerio Público y solicitó investigar.

INFORME DEL PRESIDENTE

A consecuencia de la situación, el Pleno de la Cámara Alta decidió invitar al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a asistir a la sesión extraordinaria convocada para el próximo martes 2 de junio, donde el mandatario deberá informar de este tema, junto a sus colaboradores.