La Comisión de los Derechos para las Personas con Discapacidad, que preside el senador Enrique Riera, organizó este viernes la audiencia pública virtual denominada “Situación COVID-19, sector discapacidad auditiva y visual”.
Tras la apertura de evento a cargo del senador Enrique Riera y del ministro César Martínez, de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS), se dio paso a la exposición de representantes de asociaciones que nuclean a personas con discapacidad visual y auditiva.
La primera en intervenir fue Margarita Núñez, de la Asociación de Sordos de Ciudad del Este, quien planteó el problema que representa incumplimiento del concurso de oposición diferenciado para acceder al trabajo en las instituciones públicas. La Ley establece que un cinco por ciento de los funcionarios deben ser discapacitados. Tampoco olvidó que las empresas privadas deben ser motivadas con la reducción de impuestos, a fin de dar empleo a los discapacitados.
Dijo que su preocupación son los descontratados en esa parte del país, a causa de la pandemia. Se refirió al kit de alimentos y ollas populares que no están llegando o se redujeron en este último tiempo.
A su turno, Matias Goiburú de la Asociación de Sordos de Adultos Mayores, se refirió también al acceso de los kit de alimentos y la falta de intérpretes en los sitios donde acuden para retirar subsidios como adultos mayores. Abogó para que dichas ayudas les puedan hacer llegar hasta sus hogares, ya que por la edad, están entre los más vulnerables ante COVID-19.
Posteriormente, Alexis Manuel Duarte, de la Unidad de Ciegos del Paraguay, se manifestó sobre el Tratado de Marrakech para el acceso a las obras ya publicadas con materiales de audio y pidió la reglamentación de este tratado.
Susana Seminara, de la Asociación Escuchar, que aglutina a padres de niños con discapacidad, dijo no existe las educación inclusiva porque las escuelas no cuentan con las herramientas didácticas ni los docentes preparados para recibir a los niños discapacitados.
En su intervención, propuso que el MEC habilite materiales diferenciados para estos niños con discapacidad. Pidió la mediación ante el ministro a fin de plantearle un protocolo en las escuelas para tratar a estos y la inclusión en la malla curricular del lenguaje de señas.
Asimismo, Elisa Palacios, desde Itapúa, solicitó que haya un indicador en los diferentes ministerios para conocer los avances del cumplimiento de las leyes aprobadas a favor de los discapacitados. Luego, Lorenzo Garay señaló que existe un sector de discapacitados que se encuentran entre los 50 a 60 años que todavía no pueden acceder al subsidio de adulto mayor, pero tampoco consiguen trabajo.
Sonia Roldán, pobladora de Ayolas, solicitó que se reactiven las filiales de la SENADIS en todas las comunidades del interior y Eladio Agüero de la Asociación Coral del Paraguay, manifestó que los discapacitados cuentan con un coro con un repertorio muy amplio, al tiempo de solicitar la restitución del presupuesto recortado a esta entidad.
A su turno, Raquel Medina, pobladora de la localidad de Coronel Oviedo, trató de la problemática del acceso laboral, la falta de “saldo” para conectarse a Internet, a fin de recibir información y protegerse en época de pandemia.
Ana Lesme, a su turno, abogó por la estabilidad laboral al cual muchos funcionarios antiguos con discapacidad tienen derecho, pero se les está negando. Reclamó también por los concursos abreviados y diferenciados. Asimismo, solicitó por créditos para micro emprendedores de este sector.
Juan Carlos Ramírez, también poblador Itapúa, se refirió a la importancia de los audífonos diferenciados según la edad y el caso de sordera de cada individuo.
Otra problemática abordada en esta audiencia pública fue la del transporte público y en ese sentido, Marcelo Valdez, se refirió de a la importancia de la certificación para los intérpretes de las personas sordas. Solicitó la profesionalización del intérprete, aunque sea de manera provisoria.
Por el Centro de Sordos del Paraguay, habló Graciela Benítez con respecto a la accesibilidad a la información con la ayuda de los intérpretes, especialmente con el COVID-19 en sitios como hospitales y medios de comunicación. Dijo que se debe tener en cuenta, que a más información, existe mayor igualdad.
Laura Riveros recordó del “Diseño Universal de Aprendizaje”, que se había implementado en el Ministerio de Educación y resaltó la importancia de los intérpretes en los canales de TV, hecho que no se está valorando.
El ministro César Martínez volvió a intervenir y explicó la importancia de los indicadores del cumplimiento de las leyes a favor de los discapacitados. Recordó además, que el documento fue enviado a 26 instituciones de las cuales solamente 12 respondieron.
Tras escuchar a todos los participantes, el senador Enrique Riera resumió las conclusiones y compromisos a los que llega la Comisión que dirige, como son exigir a todas las instituciones a cumplir con la inclusión laboral del 5 por ciento de discapacitados en las entidades públicas. Además, de que cada institución haga una evaluación anual de esta medida.
Asimismo, solicitó le acerquen la lista de entidades donde no se está cumpliendo esta medida; y en otro momento, añadió que exigirán que se cumplan con los concursos públicos diferenciados según cada discapacidad.
Resaltó la participación de Juan Carlos Ramírez al hacer notar el tema de los audífonos que vienen en 42 canales, según sean para niños o adultos y de acuerdo al problema particular de cada individuo.
El legislador tampoco olvidó la importancia de tener una universidad que aglutine a todas las escuelas donde se pueda aprender y certificar a los traductores o intérpretes.
A su vez, reiteró que la Comisión de Discapacidad se convertirá, de ahora en más, en un gran centro de reclamo, con la asistencia de un abogado a fin de atender las inquietudes y casos que se dan con los discapacitados; especialmente en esta época, donde muchos están perdiendo sus trabajos. Adelantó que presentará un proyecto de Ley para establecer la creación de una Secretaría de Discapacidad en cada municipio, con un concejal a cargo.