La Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, que preside el senador Fernando Silva Facetti, analizó en su reunión ordinaria virtual de este miércoles, el proyecto de Ley “Que modifica los artículos 10 y 39 de la Ley Nº 5876/2017 ‘De administración de bienes incautados y comisados”, presentado por el senador Abel González. Tras el análisis respectivo, miembros de la comisión asesora emitieron un dictamen favorable, al documento, aunque con modificaciones.
La referida normativa, plantea la modificación de los mencionados artículos, específicamente en lo que hace a la asignación y supervisión de uso provisional de los bienes incautados a otras Entidades, y consecuentemente la asignación en el mismo alcance, de uso provisional, a favor de las organizaciones no gubernamentales, que administren o dispongan de centros de prevención, tratamiento y rehabilitación de personas drogodependientes.
En definitiva, la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) podrá asignar, a las ONG`s, el uso provisional a los bienes incautados, como ser vehículos, aeronaves, inmuebles, etc., en especial, a aquellas instituciones relacionadas con la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos, el crimen organizado, y que tengan como fin la prevención, el tratamiento y rehabilitación de personas drogodependientes, para garantizar su estado de conservación y mantenimiento.
La propuesta, cuenta con el acuerdo y aprobación de la institución afectada, que en este caso es la SENABICO.
La modificación planteada desde la Comisión consiste en establecer, como requisito excluyente, el hecho de que la SENABICO asigne el uso provisional a las Organizaciones no Gubernamentales que tengan como fin la prevención, tratamiento y rehabilitación de personas drogodependientes. Esto para que no se desvirtúe el espíritu de la Norma, cuál es la de devolver los bienes incautados del crimen organizado al Estado paraguayo y a la ciudadanía.
CONTRABANDO
En otro punto, la Comisión resolvió iniciar conversaciones con las autoridades responsables, pertinentes, de modo a dar respuestas a un pedido presentado por los gremios del sector agrícola, productivo e industrial, respecto a la problemática ocasionada por el contrabando.
