En una audiencia pública virtual, organizada por la Comisión de Derechos Humanos, que preside el senador Gilberto Antonio Apuril, y la Comisión de Equidad y Género, que encabeza la senadora Mintha Gusinky, fue analizado el Proyecto de Ley “Que establece la igualdad salarial entre hombres y mujeres en el sector público y privado”, presentado por el congresista Enrique Salym Buzarquis. Al término del encuentro, se anunció la instalación de una mesa técnica para incorporar modificaciones al texto.
El evento, que convocó a más de 100 participantes en línea, también contó con la presencia del senador Jorge Querey, así como de otras autoridades nacionales, altos funcionarios estatales y representantes de organizaciones civiles.
Como bien lo dice su acápite, el documento pretende eliminar la brecha salarial existente entre hombres y mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado.
Durante la apertura, la senadora Gusinky sostuvo que la inequidad salarial, habla de qué tan valorada es la labor de las mujeres. Agregó que, la marcada diferencia, se plasma en tres puntos sumamente visibles: El alto porcentaje de mujeres en trabajos de medio tiempo; la distribución desigual de las responsabilidades domésticas; y la alta probabilidad de las mujeres, de realizar pausas en sus carreras para dedicarse al cuidado de su familia.
Por su parte, el senador Apuril recordó que, la igualdad de trato y oportunidades, es un derecho fundamental de todo trabajador, a la par de asegurar, que la eliminación de la discriminación en materia de remuneración salarial, es fundamental para alcanzar una igualdad de género real.
A su turno, el proyectista, senador Buzarquis, señaló que la desigualdad en el pago de haberes, no se da sólo en Paraguay, sino en todo el mundo y si bien, nuestra Constitución Nacional establece la igualdad, en muchos aspectos, esto es “letra muerta”.
“Creo que la equidad es un principio fundamental, la igualdad muchas veces trae sesgos culturales, pero le equidad no”, manifestó el legislador, quien remarcó que la desigualdad laboral no es sólo una injusticia para las mujeres, sino también, para sus familias.
Equidad para todos los trabajadores
Durante el debate, la ministra de la Función Pública, Cristina Bogado, dijo estar de acuerdo con la propuesta, y plantearon ampliarla para que se tenga en cuenta, no sólo la necesidad de igualdad entre hombres y mujeres, sino con todos los trabajadores en general.
En el mismo sentido, el viceministro del Trabajo, Luis Carlos Orué, pidió incluir como autoridad de aplicación a la Secretaría de la Función Pública y, en consonancia con la ministra Bogado, mencionó el desequilibrio general que existe en las remuneraciones a nivel general.
Lilian Fouz, viceministra de Igualdad y No Discriminación del Ministerio de la Mujer, presentó las tasas actuales, las cuales grafican que un 7.7% de mujeres, sobre el 4.1% de los hombres lideran la tasa de desempleo, en tanto que, para el acceso a cargos en el sector privado, existe un porcentaje desfavorable del 23% para las mujeres y 28% en el sector público.
Por su parte, Lilian Soto, ex ministra de la Función Pública y activista feminista, planteó la adición al proyecto, de aspectos como: incluir la obligatoriedad de registrar datos salariales y beneficios en las empresas, desagregados por sexo y hacerlo público; establecer métodos de inspección para control de normas salariales; generar mecanismos de reclutamiento y promoción en el sector público que elimine el techo de cristal y elaborar campañas comunicacionales de igualdad salarial.
Una de las principales inquietudes, manifestadas por representantes de las organizaciones sociales, se dio en torno a la protección de la trabajadora que denuncie desigualdad laboral, así como el incentivo para empleadores para la contratación de mujeres, entre otros puntos.
Tras escuchar a todos los expositores, los senadores Mirtha Gusinky y Gilberto Antonio Apuril, anunciaron la conformación de una mesa técnica de manera a seguir analizando la iniciativa e incluir las propuestas emanadas de esta audiencia para abarcar un marco total de protección laboral e igualdad monetaria, de manera a lograr una ley aplicable y que realmente ayude a disminuir la brecha profesional entre hombres y mujeres, así como garantizar una igualdad y el fortalecimiento de la democracia.