La Comisión de Hacienda y Presupuesto, que preside la senadora Esperanza Martínez, durante su reunión virtual de este martes, emitió un dictamen en mayoría por la ratificación de la versión Senado, del proyecto de ley que pretende establecer la gratuidad de los cursos de grado en todas las universidades públicas del país, y modificar la ley del FONACIDE.

Durante el tratamiento del proyecto, la senadora Martínez explicó que uno de los cambios más significativos realizado por la Cámara de Diputados al documento original, se da en la segmentación de los beneficiarios, ya que, la HCD contempla que la gratuidad sea aplicada de forma directa para egresados de colegios nacionales, y previo análisis de la situación socioeconómica, para egresados de colegios privados.

En este sentido, la congresista sostuvo que el espíritu de la propuesta, radica en el acceso universal a la educación, sin barreras para ningún paraguayo. Tras un breve debate, la comisión dictaminó en mayoría por ratificar la versión Senado.

En otro orden de cosas, fue aprobado sin modificaciones el proyecto de Ley que modifica el articulo 40º de la Ley de Contrataciones Públicas, así como el artículo 1º de su modificatoria Nº 3439. Este documento, viene a cubrir una laguna existente en la legislación, referente a prohibiciones y limitaciones para presentación de propuestas en licitaciones estatales.

Según explicaron miembros del estamento consultivo, actualmente, el dueño o accionista de una empresa sancionada por la Dirección General de Contrataciones Públicas, tiene la posibilidad de abrir otra firma del mismo rubro cuestionado, y volver a concursar en una licitación, lo que se considera inescrupuloso por el proyectista, senador Sergio Godoy, quien, en su exposición de motivos, asegura que este tipo de situaciones deben ser regladas.

El documento, agrega prohibiciones para directores, gerentes, socio gerentes, cuentapropistas y otros, que tengan relación con las empresas sancionadas y establece sanciones para los mismos.

Otra iniciativa que fue objeto de estudio, en la reunión de este martes, fue la modificación de la ley de regularización laboral del personal de salud vinculado bajo el régimen de contrato a los consejos regionales y locales de salud, cuyos haberes son pagados por gobiernos departamentales, municipales, Instituto de Previsión Social, y la Entidad Binacional Yacyretá. Este documento, que busca incorporar a la ley a funcionarios administrativos salvo los contadores, fue aprobado con modificaciones emanadas del propio Ministerio de Salud, las cuales serán expuestas durante su tratamiento en el pleno.

El proyecto “De protección al empleo y reactivación de MIPYMES ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del COVID-19”, promovido por el senador Víctor Ríos, fue aplazado en su tratamiento debido a que, la propuesta establece el otorgamiento de un aporte monetario mensual por 6 meses a las micro, pequeñas y medianas empresas, para el pago de haberes de sus trabajadores. 

Sin embargo, según explicó la senadora Esperanza Martínez, el proyecto carece de una fuente clara de financiamiento, además, significaría al Estado, un costo que va de USD 263 millones como mínimo, a USD 2.134 millones, según cálculos estimativos realizados por los asesores de comisión.

Asimismo, el estamento consultivo decidió solicitar a la presidencia del Senado, remitir a la Cámara Baja, el proyecto que modifica el artículo N.º 153 de la ley Orgánica municipal, sobre la distribución de tributos, ya que, por atribuciones constitucionales, las legislaciones relativas a municipios y departamentos deben iniciar tramite en Cámara Baja.

Finalmente, se recomendó el rechazo y envío al archivo, del proyecto “Que establece un régimen de indemnización para los gestores combatientes del golpe de Estado del 2 y 3 de febrero de 1.989”, presentado por los senadores Enrique Riera y Arnaldo Franco.