La Comisión de Pueblos Indígenas, presidida por el senador Miguel Fulgencio Rodríguez, se reunió de manera virtual para desarrollar los puntos del orden del día, donde se resolvió dar seguimiento y solicitar informes a las instituciones intervinientes sobre los diversos casos que involucran y afectan a comunidades indígenas en relación a reclamos y denuncias.
Con respecto a la situación actual del caso de la comunidad indígena Ka´a Poty del pueblo Ava Guaraní, el abogado Basilio Franco puso a conocimiento que se estaría presentando por parte del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), el escrito de recusación contra la jueza de Itakyry. Esto se haría,informó el profesional, en base a los constantes amedrentamientos de desalojo sufridos. De esta manera, agregó, se podrán llevar adelante los juicios de acción autónoma de nulidad y reivindicación de inmueble y de esa manera lograr las medidas cautelares solicitadas.
Sobre el punto, la lideresa de dicha comunidad, Marta Díaz, manifestó que actualmente se encuentra en confrontación con personal de la Policía Nacional de la zona, que estaría intentando hacer cumplir una supuesta orden de desalojo. Por ello, solicitó la intervención inmediata por parte del INDI, a los efectos de impedir dicho atropello.
Por otra parte, la abogada Emilia Cano, representante de la “Comunidad de Loma”, hizo referencia que las licencias ambientales otorgadas por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES),fueron realizadas en total detrimento a lo establecido en el propio ordenamiento jurídico de dicha Cartera de Estado y que hasta la fecha se encuentran vigentes a más de dos años, en etapa de auditoría ambiental para la renovación de las referidas documentaciones, solicitando desde ya la cancelación de las mismas.La profesional señaló también que está viciado de origen el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, habiendo ocultamiento de información, además de no haber llamado a audiencia pública, siendo afectada directamente una comunidad indígena y estando pendiente la denuncia por deforestación ambiental de más de 3000 hectáreas, de la cual hasta la fecha no se ha remitido informe oficial.
En relación al juicio de mensura de la comunidad de Loma, el abogado Yoni Alonso representante del INDERT, mediante un mensaje de texto informó que el jueves 17 de junio del corriente se estaría remitiendo el dictamen de Geodesia del MOPC al juzgado correspondiente, a fin de solicitar la sentencia definitiva de dicha causa y la correspondiente inscripción del título de propiedad a favor de la omunidad de Loma, quedando pendiente el informe oficial de las 3 causas en el ámbito contencioso administrativo; causas impulsadas por Paul Frizen, Miguel Angel Muñoz Armas y Oscar Razla, siendo cuestionada la legitimidad de la comunidad y sus derechos, los cuales se basan en resoluciones del año 2011.
En referencia al caso de la comunidad de Takuapu Miri, el compromiso del Ministerio de Hacienda en un principio fue que en el transcurso de un mes estaría el dictamen para traslado al Ministerio de Desarrollo Social, con fines de titulación, pero hasta la fecha no se han remitido informaciones al respecto. En ese sentido, el viceministro Cayo Cáceres del Ministerio de Desarrollo Social, manifiestó que el 20 de mayo de este año se ha realizado la reiteración del pedido de transferencia de inmueble, finca N° 1000 del distrito de Villeta a favor del INDI, con el borrador del Decreto correspondiente, siendo el Expediente N° 4926921 de fecha 28 de mayo del 2021, comprometiéndose a darle el seguimiento correspondiente.
Además se ha realizado la denuncia de que la arenera que abarca la zona, actualmente no deja que los pobladores de la comunidad puedan realizar actividades como la pesca, lo que para ellos es un sustento diario.
Sobre el acuerdo amistoso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de las comunidades indígenas Sawhoyamaxa y Yakye Axa, el presidente de la Comisión, puso a conocimiento del procurador general de la República, Juan Caballero, que hasta la fecha no se cuentan con caminos y que en fecha viernes 7 de Junio del 2021 la Corte Suprema de Justicia ha emitido un dictamen que refiere que en vez de pagar $ 5.000.000 (dólares americanos cinco millones) al supuesto propietario de ese inmueble, se deberá pagar $ 18.000.000 (dólares americanos diez y ocho millones), más los honorarios a los intervinientes por parte de la Procuraduría, siendo el presupuesto del INDI de $ 9.000.000 (dólares americanos nueve millones), comprometiéndose el procurador general de la República a recabar los informes correspondientes y oficiales con respecto al caso mencionado.
Por otra parte, el ingeniero Rodolfo Segovia representante del MOPC, puso a conocimiento de los integrantes de la comisión que se encuentran realizando las obras para el camino al acceso a Yakye Axa. En una primera intervención se ha realizado la apertura hasta la comunidad de un total de 30 kilómetros, un enripiado de 10 kilómetros, varias obras de drenaje y puentes metálicos hasta que llegaron las inundaciones de la zona, estando pendiente un total de 20 kilómetros y con una expectativa de terminación de obras de 45 a 60 días aproximadamente, dependiendo de las condiciones climáticas.
Abordados los puntos, se resolvió solicitar los informes correspondientes a los entes intervinientes y darle el correspondiente seguimiento a cada caso en particular.
