La Comisión de Pueblos Indígenas, presidida por el senador Miguel Fulgencio Rodríguez, en reunión ordinaria analizó la situación actual de los procesos de desalojo de las Comunidades Indígenas a nivel nacional, específicamente  lo ocurrido por la Comunidad indígena “Ka´a Poty” del pueblo Ava Guaraní, asentada en el distrito de Itakyry, departamento de Alto Paraná, y los hechos de amedrentamiento, persecución y violación de los derechos consagrados en la Constitución Nacional, convenios internacionales y otras leyes .

Del encuentro asistieron como invitados el Abog. Basilio Franco, director jurídico,representante del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), líderes de las Comunidades Indígenas, Ka´a Poty, del Pueblo Loma, de Cerrito, Chaco, Amambay, Santa Rosa del Aguaray, Y´apo, Canindeyu, de San Pedro, Santa Rosa del Aguaray, Ayoreo y del Distrito de Carmelo Peralta del Alto Paraguay.

Asistieron, además, representantes de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), Organización Nacional de Aborígenes Independientes (ONAI), la Articulación Nacional Indígena por una vida digna, del Comité de Iglesias, del Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica, de la Asociación Indigenista del Paraguay, el jefe de Gabinete de la Fiscalía General del Estado y autoridades del Ministerio Público y del Interior.

Con respecto a la situación actual del desalojo ocurrido en la comunidad indígena “Ka´a Poty” del pueblo Ava Guaraní, el Abog. Basilio Franco manifestó que se presentará un informe pormenorizado en relación a las dos causas relacionadas a la comunidad.

Referente al juicio de reivindicación, agregó que se trasladó el oficio comisivo al Juzgado de Itakyry a los efectos de correr traslado de la demanda, sin contar hasta la fecha con la orden judicial correspondiente, manifestando que ya en el año 1996 fue adquirida dicha propiedad en litigio por parte del Estado y desde ese entonces no se realizaron las diligencias correspondientes para subsanar dicho inconveniente y reivindicar los derechos de dicha Comunidad.

Sobre el mismo punto, el representante legal de Ka´a Poty, refirió estar en desacuerdo con lo manifestado por el abogado del INDI, siendo responsable de manera directa la institución, existiendo una demanda de interdicto por recobrar la posesión en contra de la comunidad por 7 hectáreas perteneciente al INDI, siendo notificados desde el año pasado de dicha situación con intervención del INDI, recurriendo en varias oportunidades la lideresa de Ka´a Poty, Marta Díaz a dicha institución, sin contar en ningún momento con una atención.  “Si se hubiese parado dicho juicio, se hubiera evitado el desalojo llevado a cabo en contra de la comunidad de Ka´a Poty”, expresó el abogado.

Asimismo, todos los líderes y representantes de diferentes instituciones coincidieron en la necesidad de solicitar una auditoría de gestión, sobre los procesos en contra de las Comunidades Indígenas, haciendo hincapié en la falta de cartografía oficial y actualizada de las comunidades, herramienta básica y esencial para poder cumplir con las leyes, manifestando a su vez la indignación por lo sucedido y dejando en claro el total desamparo en el cual se encuentran.   

Luego de escuchar todos los detalles sobre lo ocurrido, los senadores resolvieron solicitar los informes correspondientes a los entes intervinientes y darle el correspondiente seguimiento.