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Plantean una mesa de diálogo para dar seguimiento a la problemática del Pueblo Maka  

 

La Comisión de Pueblos Indígenas, presidida por el senador Miguel Fulgencio Rodríguez, analizó este lunes la solicitud de mediación del Senado ante varias instituciones, sobre la situación de los trámites en relación a la regularización de las 335 hectáreas  de tierras de la comunidad Fray Bartolomé de las Casas, del pueblo Maka, ubicadas en el distrito de Villas Hayes, departamento Presidente Hayes; y la denuncia de irregularidades que afectan a sus derechos con la construcción del puente sobre el Río Paraguay entre Asunción con Chaco´i.

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Imágenes de la reunión virtual de la Comisión  

Al encuentro virtual asistieron Mateo Martínez Mateiko, líder del pueblo Maka y sus representantes legales los abogados Gustavo Colmán y Amílcar Ayala; además los representantes de la Asociación Indigenista del Paraguay; del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC); Instituto Paraguayo del Indígena (INDI); del (INDERT) y de la Plataforma Social de Derechos Humanos. Memoria y Democracia.

Con respecto a la situación de los trámites en relación a la regularización de las 335 hectáreas de tierras del pueblo Maka, ubicadas en el distrito de Villas Hayes, los representantes legales de dicha Comunidad pusieron a conocimiento de la Comisión que, en el año 1944 por decreto presidencial, de ese año fueron cedidas esa cantidad de hectáreas a favor de la Comunidad Maka y que, hasta la fecha, solo se pudieron titular 104 hectáreas.

Señalaron, además que hace cuestión de un año se encuentran con la problemática de la construcción del puente sobre el Río Paraguay entre Asunción y Chaco´i, afectando una franja de 18 hectáreas del territorio Maka, sin contar el emprendimiento con el consentimiento previo, libre e informado por parte de la Comunidad Maka.

En el mismo sentido, la abogada Dolores Lezcano manifestó que, en el año 2002 se había finiquitado la mensura correspondiente y que en el 2009 se adjudicó solo 104 ha. “En ese entonces los agrimensores informaron y denunciaron la existencia de superposición de títulos en las demás hectáreas correspondientes a las 335 ha originarias, incluso existiendo títulos de orígenes falsos”, según expuso la profesional.

Desde el MOPC, el abogado José Díaz, indicó que ante los planteamientos realizados, manifestó que el Decreto del año 1944 no configuraría título de propiedad y que el mismo documento con cuenta con ubicación geográfica de la zona de afectación a los efectos de poseer una ubicación georeferencial, sin existir cotejo de coordenadas y que al momento del estudio de los títulos en la Dirección General de los Registros Públicos, el informe manifestaba la afectación de manera indirecta a la Comunidad Maka.

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Líder de la Comunidad Maka  y representantes de instituciones

Por su parte, Gustavo Colmán, representante legal de la Comunidad Maka, compartió con la Comisión, documentos geográficos y fotografías en las cuales se apreciaban la afectación de manera directa a la Comunidad, lo cual ocasionaría un perjuicio irreparable y con un impacto socio – ambiental. En ese sentido, solicitó una mesa de diálogo de manera urgente a los efectos de subsanar dicho inconveniente.

En lo que guarda relación a dicha problemática, Basilio Franco, director jurídico del INDI manifestó que el presidente de dicha institución ya estaría al tanto y que la cuestión planteada estaría siendo manejada de manera directa por dicho representante, apuntando todas las inquietudes y dándole el correspondiente seguimiento.

Las representantes de la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia, plantearon una mesa de trabajo a los efectos de la creación de una legislación contra los desalojos forzosos como una base esencial para crear un sistema de protección eficaz, comprendiendo medidas que brinden la máxima seguridad posible de tenencia a los pueblos originarios, siempre ajustándose a los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros.

Luego de oír todos los detalles sobre esta problemática, se resolvió solicitar los informes correspondientes a los entes intervinientes y darle el correspondiente seguimiento.

 

 

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