La Comisión de Pueblos, presidida por el senador Miguel Fulgencio Rodríguez, realizó su reunión semanal para el análisis y consideración de varios puntos del orden del día. El legislador estuvo acompañado de autoridades nacionales y representantes de diversas organizaciones e instituciones, además de sus colegas Georgia Arrúa y Hermelinda Alvarenga.

^{Miembros de la comisión, en compañía de invitados, durante la reunión} 

Con respecto a los pobladores afectados de la comunidad indígena Ka´a Poty, situada en el distrito de Itakyry, departamento de Alto Paraná, sobre la situación actual de regularización de tierras, además del conflicto por la titularidad del inmueble donde la misma se encuentra asentada. Al respecto, se puso a conocimiento de la comisión que los mismos cuentan con títulos de propiedad y que se hallan inscriptos en la Dirección General de Registros Públicos, correspondientes al Lote 31 N° 2891, el cual sería de una dimensión de 7 hectáreas, también refirieron que esas tierras están en su posesión desde el año 1.990.

En ese sentido, Marta Díaz, lideresa de la comunidad, manifestó que el lugar cuenta con títulos de propiedad del mismo inmueble, hallándose una superposición de documentos. Agregó en su intervención, que no hubo invasiones, en vista a que el ingreso en la zona se dio a base de una medida cautelar otorgada en el juicio de Reivindicación de Inmuebles, promovido por el INDI, y agregó que toda la comunidad aguarda al resultado de mensura judicial correspondiente.

Sobre el punto, la senadora Georgia Arrúa, quien formó parte de la reunión, solicitó el pedido de informe pormenorizado a las instituciones intervinientes, a los efectos de contar con una versión oficial de lo ocurrido en dicha zona, a fin de subsanar los inconvenientes acaecidos. Este pedido fue aprobado por unanimidad en la comisión.

Por otro lado, se verificaron los trámites de regularización de las 335 hectáreas de tierras de la comunidad Fray Bartolomé de las Casas, del pueblo Maka, ubicada en el distrito de Villas Hayes, departamento de Presidente Hayes y el dragado que pasa por las tierras indígenas. Al respecto, el abogado Gustavo Colmán, representante legal de los pobladores, solicitó entablar una mesa de diálogo para definir la afectación de la zona por dicha construcción.

En el mismo contexto, el abogado José Díaz, representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), propuso enfocar dicho encuentro de trabajo a la aplicación de medidas de mitigación socioambiental por afectación indirecta del paso del dragado por las tierras. Destacó además, que lo extraído proviene directamente del afluente del río Paraguay, no así de las tierras ancestrales.

Durante la reunión se trató la denuncia de los pueblos Ishir Ybytoso, Puerto Caballo y Bahía Negra, con relación a la base militar de la Marina. En este punto intervino Mateo Zeballos, líder de la comunidad, quien resaltó que es imperiosa la necesidad del traslado a otro lugar de la base militar, ya que interfiere en el normal desenvolvimiento de las actividades del citado pueblo indígena.

A su turno, el general Bernardino Soto Estigarribia, ministro de Defensa Nacional, manifestó que poseen un permiso de usufructo por el plazo de 25 años firmado con el INDI, en el año 2001, de una superficie de 6 hectáreas, para la instalación del Destacamento Naval en la zona por ser un lugar estratégico de custodia de la triple frontera Paraguay – Brasil – Bolivia y necesario para custodiar la soberanía nacional. Alega además, que se estaría realizando una visita in situ al lugar por parte de la cartera de Estado, a los efectos de llegar a la mejor solución posible.

Abordados los puntos, se resolvió solicitar los informes correspondientes a los entes intervinientes y darle el correspondiente seguimiento.