La Comisión de Industria, Comercio y Turismo, que preside el senador Patrick Kemper, se reunió este martes para analizar la propuesta legislativa "Que establece medidas de transparencia y publicidad sobre la estructura de costos y precios de facturación de combustible”.
Legisladores e invitados que partiparon de la reunión a través de la plataforma virtual.
En ese contexto, Guillermo Parra, gerente del gremio de distribuidoras privadas de combustibles, manifestó que la normativa sería de difícil aplicación y que debe ser analizada.
Por su parte, el senador Stephan Rasmussen, uno de los proyectistas, explicó que esta propuesta no pretende fijar precios; “lo que pretende es dar transparencia y publicidad a la estructura de costos”, remarcó.
A su vez, Marcelo Benítez, representante del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), señaló que están abiertos para seguir conversando sobre el proyecto con el objetivo de llegar a un punto intermedio.
Posteriormente, intervino Rolando Díaz, representante de la Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM), quien manifestó que llama la atención sobre el proyecto la información sensible de la estructura de costos de las diferentes empresas y que luego sea publicada. En ese sentido, informó que enviaran por escrito su parecer sobre el documento.
Esta propuesta fue presentada por los senadores Georgia Arrúa, Fidel Zavala, Stephan Rasmussen, Patrick Kemper, Amado Florentín, Arnaldo Franco, Carlos Filizzola, Esperanza Martínez, Fernando Lugo, Hugo Richer, Miguel Rodríguez, Jorge Querey y Sixto Pereira.
Finalmente, los integrantes de esta Comisión decidieron postergar el dictamen y esperar los pareceres de las instituciones para trabajar en las modificaciones del proyecto de Ley.
OTRO TEMA
Luego, los senadores consideraron el Mensaje N° 2.698 de la Cámara de Diputados, por el cual remite la Resolución N° 4.063: Que da por aceptada la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo al proyecto de Ley N° 6.883 “Que modifica el artículo 8° de la Ley N° 6.720/2021 ´Que otorga subsidios a trabajadores y comerciantes cuyos ingresos fueron afectados por la pandemia del coronavirus (COVID-19), que residan en las ciudades de Encarnación, Alberdi, Puerto Falcón, Nanawa, Ayolas, Pilar, Paso de Patria, Humaitá, Cerrito, General Díaz, Mayor Martínez, Villa Oliva, Villa Franca, Natalio, Mayor Otaño y San Rafael del Paraná, respectivamente”.
Al respecto, los legisladores aconsejan aceptar la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo.
