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Presentan proyecto para subsidiar instituciones educativas

Los senadores Fernando Silva Facetti, Fernando Lugo Méndez y Eusebio Ramón Ayala, presentaron el Proyecto de Ley "Que establece subsidios para instituciones educativas privadas y privadas subvencionadas por el Ministerio de Educación y Ciencias  (MEC) y que reglamenta la reducción arancelaria".

Foto Material de proyectistas Tema 1

El siguiente Proyecto de Ley tiene como fin paliar los graves problemas que afectan al sistema educativo nacional, propios por la declaración de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19  para dar garantía y resguardo a los trabajadores de la educación privada, a los niños y jóvenes que reciben educación en estas instituciones. 

Los proyectistas proponen que el Instituto de Previsión Social (IPS), en coordinación con el Poder Ejecutivo, otorgue a los docentes y funcionarios que aportan al sistema previsional, dependientes de los colegios privados subvencionados por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), un subsidio salarial del 50 por ciento del salario mínimo legal vigente por el plazo de 180 días o hasta que cese el estado de emergencia.

Para cumplir con este proyecto, los legisladores señalan que el Instituto de Previsión Social (IPS) realizará un catastro de docentes y funcionarios de los colegios privados subvencionados, a los efectos del otorgamiento del subsidio.

Por otra parte, los colegios privados y subvencionados a través del Ministerio  de Educación y Ciencias (MEC) deberán coordinar la reducción del costo de sus cuotas y aranceles en un 25 por ciento para todos los niveles y quedan facultados a reducir en forma proporcional al subsidio percibido el pago de los haberes salariales de sus docentes y funcionarios.

Los proyectistas Fernando Silva Facetti, Fernando Lugo Méndez y Eusebio Ramón Ayala, señalan que este proyecto contribuirá decisivamente al auxilio que requiere el sector educativo privado. 

ANTECEDENTES

En la exposición de motivos, los proyectistas señalan que el Estado debe garantizar a la población el acceso al servicio educativo, por su vinculación directa al desarrollo humano, económico y el bienestar general de las personas.

Manifiestan que la situación actual afecta tanto al sector educativo público como privado, pero el primero cuenta con amparo presupuestario contenidas en el Presupuesto General; por lo tanto, cubre de una manera u otra los gastos propios de su funcionamiento. Pero el sector privado se encuentra completamente desamparado y no puede dar respuesta inmediata a los requerimientos que conlleva el cumplimiento de sus compromisos más básicos, principalmente en cuanto al pago a docentes y otros trabajadores, constituyendo así un grave problema al pago de sus haberes del cual el Estado no puede desentenderse. 

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