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Por violaciones de DDHH denuncian al gobierno paraguayo

A partir de una serie de hechos violatorios de derechos básicos de las personas, tres parlamentarios del Parlasur, incluido el vicepresidente de la delegación paraguaya, Manuel Morínigo, junto a Ricardo Canese y Juan Bogado Tatter, plantearon una declaración de condena al gobierno paraguayo por faltar a los Derechos Humanos, exhortan el cumplimiento de los mismos e invitan a realizar una visita de verificación de los hechos a la comisión respectiva del organismo regional.

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El caso del escopetero no imputado por el Ministerio Público y otros atentatorios a normas vigentes, fueron los ejemplos mencionados.

Al tiempo de mencionar todo el marco jurídico que los habilita a realizar el planteamiento, tales como la Declaración Universal de los DDDHH, el Pacto Internacional de los Deberes Civiles y Políticos, adoptado por Ley Nº 5/92, así como la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, degradantes e inhumanos, adoptada por las Naciones Unidas en el año 1984 e incorporada a la legislación interna por Ley Nº 69/89, entre otros, realizan un detalle sobre las presuntas violaciones cometidas en este mes de marzo.

Así, señalan que el 17 de marzo, en la esquina (25 de mayo y Tacuary) de la sede de la Asociación Nacional Republicana, un escopetero (suboficial Juan Romero) disparó contra “manifestantes individuales y corriendo a la multitud”, endilgando al mismo abuso de autoridad y de violar el manual de procedimiento de actuaciones, como el uso proporcional de la fuerza. “Pese a todas estas normas y evidencias, la fiscalía no imputó al funcionario de la Policía Nacional “escopetero” y, en cambio, sí a manifestantes.

“Que la misma prensa empresarial denuncia que, en el marco de las movilizaciones exigiendo la renuncia del Presidente de la República, se “… incluyó nuevamente francotiradores en las inmediaciones del Congreso Nacional”, señala en otro punto, así como que recoge la información relativa a que “los manifestantes denunciaron la presencia de policías sin portanombres y patrulleras sin chapas”, en un proceder que es contrario al Estado de Derecho.

Además, menciona la exposición de personas aprehendidas a medios de prensa, según datos facilitados por la Policía, sin haberse probado su culpabilidad. Añade como otra irregularidad la orden de detención a cinco manifestantes el 17 de marzo, que ocurre por iniciativa de operadores del Partido Colorado (oficialista) exponiendo los domicilios, rostros, profesiones y carreras de universidad con difamaciones y hostigamientos a familiares. Se incluyeron impresiones del sistema de información policial de acceso restringido.

Otro aspecto agregado es que la Policía Montada persiguió durante unas ocho cuadras a un manifestante detenido, ya esposado, obligándolo a trotar por delante de los caballos, en un evidente acto de tortura y con riesgo para la persona ya aprehendida, entre otras consideraciones.

La propuesta de declaración señala: 1°. Artículo 1°. El Parlasur condena la burda violación de derechos humanos en el Paraguay con motivo de las masivas movilizaciones ocurridas en el mes de marzo del 2021 en el Paraguay y exige al gobierno paraguayo la inmediata rectificación del procedimiento seguido hasta ahora, así como el castigo de los responsables de tal violación a los DDHH.

Y el artículo segundo propuesto dice cuanto sigue: “El Parlasur recomienda a su Comisión de Ciudadanía y DDHH a trasladarse a la brevedad posible al Paraguay, a fin de constatar “in situ” las violaciones a los derechos humanos registradas y a proponer las medidas rectificadoras y reparadoras debidas para la más plena vigencia de los derechos humanos en el Paraguay.

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