El senador Miguel Fulgencio Rodríguez, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas encabezó este viernes la audiencia pública virtual que contó con amplia participación de la ciudadanía y autoridades, con quienes se debatió sobre el alcance de proyecto de Ley “De suspensión de desalojos colectivos rurales o urbanos ante la pandemia”.
El senador Miguel F. Rodríguez, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas.
El legislador recordó que el proyecto de ley tratado fue presentado por la Comisión de los Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) y varias otras asociaciones civiles, preocupadas por las 800 órdenes de desalojos, que hoy están pendientes y porque las Naciones Unidas ha dicho a los gobiernos que se evite en esta época de pandemia tales situaciones, en el entendimiento que se vulneran fundamentalmente los derechos humanos.
“El estado constituido por los tres poderes el Ejecutivo, Legislativo y Judicial debe atender esta cuestión muy seriamente. No queremos participar más en desplazamientos como ha ocurrido con la comunidad de Ka´a Poty, que fueron expulsados de sus propias tierras”, lamentó el senador.
Explicó a los presentes que la propuesta pretende modificar el artículo 52 de la ley 6524 de emergencia sanitaria en todo el territorio del país. Remarcó el senador que este tema es fundamental y lo que buscan es evitar los desalojos durante la pandemia.
Oscar Ayala Amarilla, secretario ejecutivo de CODEHUPY, celebró la pronta diligencia del presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, para debatir este tema que semanas atrás fue presentado por la citada organización. En ese sentido, dijo que el proyecto guarda relación con los problemas que tiene el Paraguay sobre la violación de los derechos humanos con los desalojos forzosos y que con la aprobación de este proyecto las personas más vulnerables puedan tener una herramienta legal.
Imágenes captadas durante la audiencia pública virtual.
Asimismo, mencionó que la Corte tiene actualmente 459 juicios de desalojos y la Fiscalía unas 886 causas procesadas. “El proyecto es muy simple, tiene como fin suspender orden judiciales o administrativas para desalojar a personas en el ámbito rural o urbano, y que el Congreso realice informes sobre los desalojos que ya se cometieron”, aseveró el secretario ejecutivo de CODEHUPY .
Por lo tanto, aclaró que será una ley de emergencia de carácter temporal que está vinculada con el fin de la pandemia; no modifica cuestiones sustantivas, solo buscan protección para en caso de riesgo de desalojo.
Jan Jarab, representante de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos en América del Sur, manifestó que respaldan el proyecto, asimismo agregó que, los desalojos pueden constituir la violación de los derechos humanos, por ello, recordó que la ONU recomendó a los Estados en virtud a las normas de los derechos humanos, suspender los desalojos mientras dure la pandemia. Igualmente, mencionó que el Estado debe garantizar el resguardo y que los mismos sean eficaces.
En el mismo tenor, varios líderes de comunidades indígenas, representantes de asentamientos y campesinos asentados en diferentes puntos del país dieron su visto bueno a esta iniciativa legislativa. En especial algunos líderes indígenas solicitaron que sean respetados sus derechos.
El senador Miguel F. Rodríguez dirigiendo la audiencia desde la sala de sesiones del Senado.
A su turno, Teresa Martínez, ministra de la Niñez y la Adolescencia, expresó que están afectados por los procesos de desalojos donde los niños pasan penurias. “Siempre que se pueda evitar estos procesos va estar bien porque están fuera de sus comunidades”, sentenció y anunció su apoyo a la propuesta.
CONCLUSIONES
Finalmente, el senador Miguel Fulgencio Rodríguez, lamentó que se haya visualizado la tragedia de los desalojos, a pesar que existen leyes que están dictadas para evitar la violación de los derechos humanos, en especial cuando se tratan de comunidades indígenas y campesinas.
“No pretendemos abordar cuestiones de fondo, buscamos lo mejor para cumplir con el artículo 1 de la Constitucional Nacional que nos define como un país soberano donde reina el estado social de derecho”, remarcó el legislador. Asimismo, dijo que no olvidarán las recomendaciones de los indígenas y el compromiso de trabajar juntos.
