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Legisladores del Frente Guasu presentan proyecto para derogar la Ley 6830/2021

Senadores de la Bancada del Frente Guasu ofrecieron una conferencia de prensa a fin de presentar el proyecto de Ley  “Que deroga la Ley N° 6830/2021 ‘Que modifica el Artículo 142 de la Ley N° 1160/1997 'Código Penal y su modificatoria, Ley N° 3440/2008’.

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Senadores Hugo Richer, Jorge Querey, Sixto Pereira, Miguel Fulgencio Rodríguez y Esperanza Martínez. 

Cabe resaltar que el documento de modificación del Artículo 142 del Código Penal pretende elevar la pena por Invasión de Inmueble Ajeno de 6 a 10 años.

En ese sentido la Bancada del Frente Guasu  presentó un proyecto de derogación, afirmando que la Ley aprobada viola derechos y principios constitucionales de los pueblos ancestrales.

Durante la actividad desarrollada en la sala de conferencias “Pablo Medina”, los legisladores señalaron que en las últimas semanas han asistido a desalojos en varios asentamientos rurales, donde fueron desplazados de las tierras,  pueblos originarios y campesinos, agregando que más de 900 conflictos están en proceso judicial y  400 están con periodos de desalojos por parte de la fiscalía.

El senador Jorge Querey, líder de Bancada, expresó que la dificultad de las tierras es un grave problema social y no así un asunto criminal; por ello, su solución requiere de políticas públicas y no de políticas de penalización que contienen un enfoque represivo muy propio de los estados autoritarios.

“La pregunta incluso que en sus medios me gustaría que por favor la hagan ¿cuántos tienen su título de propiedad? La gran mayoría no tiene; recibieron de sus padres, de sus abuelos, todos ustedes compatriotas están expuestos a la penalización por esta ley, están expuestos a la cárcel y hay una cuestión muy importante entre los terratenientes que gestionan  estos pedidos de desalojos ante  la fiscalía,  pocos tiene legitimación activa para  hacerlo, casi nunca exhiben títulos de propiedad por lo tanto no están intimados para llevar adelante eso”.

En su intervención destacó que la Constitución Nacional garantiza el derecho a la propiedad privada y el código civil, por su parte, los procedimientos para brindar soluciones a los conflictos.

El senador Sixto Pereira explicó ante los medios de prensa, que actualmente existe mucha desorganización en las instituciones públicas. Asimismo, señaló que es necesario el consenso político para encontrar los mecanismos que brinden una solución al tema en cuestión.

Agregó, que criminalizar la acción de que los indígenas habiten tierras no es el fin de las dificultades, sino que un comienzo de desestabilidad social, ya que los mismos son dueños del territorio.

Así también el senador Miguel Fulgencio Rodríguez se refirió a la falta de responsabilidad de los organismos del Estado que deberían velar por la tranquilidad de los pueblos ancestrales, afirmando que desde esa parte  no existe colaboración alguna para buscar soluciones que estén a favor de los indígenas y campesinos. 

“El que avisa no traiciona, se está aproximando un caos social grande si es que no atendemos esto”, expresó el senador.

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Los senadores brindaron detalles sobre la presentación de un proyecto de Ley. 

A su turno, el senador Hugo Richer mencionó que  los fiscales no son autoridades competentes para suscribir desalojos, resaltando que esto debería ejecutarse por los jueces, además, en uso de la palabra comentó que una fiscal de la ciudad de Luque firmó un desalojo en la ciudad de Tava’i, departamento de Caazapá, calificando el hecho como absurdo.

Es oportuno destacar que la Conferencia Episcopal Paraguaya, mediante una carta abierta, expresó su preocupación ante la cantidad de desalojos violentos que se llevan a cabo en el país. Se puede visualizar el documento accediendo al link: https://diocesiscde.org.py/paginas/la-cep-preocupada-por-desalojos-forzosos-de-indigenas-y-campesinos/.

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En la conferencia de prensa, los legisladores anunciaron que acompañarán todas las iniciativas de las organizaciones campesinas indígenas y de derecho humanos, durante una campaña que apunta a la derogación de la Ley y busca el desarrollo de un nuevo catastro.

“Esto pretende ser el cimiento para llevar justicia en la propiedad de la tierra a  los pobres de nuestro país, a los campesinos e indígenas, a productores honestos, pequeños y grandes, a los compatriotas e inmigrantes que sí nos ayudan para el desarrollo nacional”, manifestó el senador Jorge Querey.

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