El senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, encabezó una audiencia pública en la que se debatió y analizó el proyecto de Ley “De la función pública y la carrera del servicio civil”.  Acompañaron los senadores Rafael Filizzola, Ignacio Iramain, Yolanda Paredes, Líder Amarilla y Esperanza Martínez.

_{Autoridades en la mesa principal.}

Esta actividad tuvo el objetivo de priorizar la participación de ciudadanos en el debate de la última propuesta de ley remitida por el Poder Ejecutivo actual, a fin de escuchar las distintas opiniones y propuestas, según las experiencias y conocimientos respecto al mismo, para que sean consideradas durante el estudio del documento en las respectivas Comisiones del Senado.

En ese contexto, el senador Derlis Maidana, expresó que la importancia del proyecto es más que relevante, considerando que luego de tantos años de vigencia de la Ley actual de la Función Pública, se requieren adecuaciones precisas.

Señaló, además, que el proyecto fue presentado en el 2022 por el Poder Ejecutivo anterior y que, la administración actual presentó observaciones y sugerencias de modificaciones para que sean consideradas durante el tratamiento.

“La construcción de este país es trabajo de todos y queremos escucharles a todos. Entendemos que existen discrepancias, pero es importante hacerlo con la información precisa y opiniones fundadas, evitando desinformaciones”, destacó.

_{El titular de la Comisión de Legislación, en la apertura del evento.}

Por su parte, Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía y Finanzas, expresó su satisfacción por la masiva participación de todos los sectores que representan a los trabajadores del sector público.

Explicó, por otro lado, que el proyecto original fue elaborado en cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo en base a experiencias regionales; no obstante, el proyecto requiere de varias adaptaciones basadas en la realidad local.

Seguidamente, recordó que la Ley de la Función Pública vigente, omite muchos aspectos constitucionales por lo que actualmente los funcionarios públicos se encuentran sin resguardo legal.

“Los funcionarios se encuentran desamparados y afectados por la falta de garantías para el cumplimiento de sus derechos, cuando uno tiene un problema laboral no sabe a dónde recurrir”, sostuvo.

Consideró, además, que la inclusión de las sugerencias realizadas por el MEF proporciona al proyecto mayor claridad, previsibilidad y transparencia al desarrollo de la carrera del servicio civil. Al mismo tiempo, mencionó que el equipo de trabajo, encargado de evaluar las modificaciones al proyecto, está abierto a recibir todas las recomendaciones planteadas por los interesados.

“Estamos dispuestos a escuchar todas las inquietudes porque queremos enriquecer el proyecto poniendo a dispersiones de toda la ciudadanía. Pusimos a disposición diferentes canales, como la web y un correo institucional para los que quieran remitir sugerencias al proyecto”, relató.

_{Carlos Fernández Valdovinos, ministro del MEF, durante su intervención.}

A continuación, Andrea Picasso, viceministra de Capital Humano, expuso detalles técnicos de la propuesta analizada por el MEF y señaló los aspectos relacionados a los ascensos, estabilidad laboral.

En otro momento, hicieron uso de palabra, los senadores Rafael Filizzola, Esperanza Martínez y Yolanda Paredes, quienes objetaron puntos relevantes del proyecto concernientes a la estabilidad laboral, los procesos de evaluaciones de desempeño para las recontrataciones de funcionarios, a las sanciones por incursionar en actividades proselitistas dentro de las instituciones.

También hablaron sobre la posible prohibición al relacionamiento a actividades sindicales y el derecho a la manifestación contemplado en uno de los artículos del proyecto. Además, enfatizaron los temas concernientes a los casos de nepotismo y las contrataciones de familiares para ocupar los cargos de confianza.

De la actividad, desarrollada en la sala de sesiones del Congreso Nacional, participaron representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Procuraduría General y de la Defensa Pública.

_{Vista general de la sala de reuniones del Congreso Nacional, durante la actividad.}

ORADORES

En representación de la Asociación Nacional de Funcionarios Públicos con Discapacidad, Julio González, comentó que han presentado una propuesta que contiene sugerencias de modificaciones a varios artículos.

“El Estado tiene una deuda histórica con nuestro sector, se cumplen 20 años de la Ley y solo 2.500 personas con discapacidad fueron contratadas hasta la fecha. Instamos a los encargados de la elaboración de esta Ley a reivindicar los derechos de las personas”, sostuvo.

Por su parte, Narciso Castillo, representante de la Unión Nacional de Trabajadores del Estado, expresó que la posición de la central sindicalista es solicitar el rechazo del proyecto hasta tanto sean consensuadas todas las peticiones de los trabajadores. “Queremos un proyecto que respete nuestro derecho a la actividad sindical y al acceso a un seguro social”, refirió.

Por su lado, Mirta Arias, del Sindicato de Trabajadores Municipales, destacó que los funcionarios públicos han demostrado durante la pandemia el compromiso con el servicio público, considerando que, a pesar de las precariedades y la falta de insumos, cumplieron con la labor pública. Además, solicitó el aplazamiento del tratamiento del proyecto hasta que todas las asociaciones sindicales acerquen sus pareceres.

“Nadie habla de todo lo que da el trabajador público sin seguridad social y que, ahora, quieren quitarle su derecho a la huelga, derecho a la asociación colectiva y a la estabilidad laboral”, resaltó.

Por su parte, Silvio Reyes, representante de la Asociación de Funcionarios Profesionales, criticó los artículos relacionados con la retroactividad de la aplicación de la Ley, lo cual provocará la pérdida de los derechos adquiridos. Además, cuestionó la falta de inclusión de funcionarios municipales y de las gobernaciones, como sujetos requeridos por la Ley. Al finalizar su interlocución, pidió que el proyecto sea revisado conjuntamente con los afectados

Seguidamente, María Estela Invernizzi, representante de la CCT, indicó que se requiere de un análisis más prolongado y puntilloso para consensuar varios artículos previstos en el proyecto. “Este proyecto ataca los derechos de los trabajadores. La estabilidad laboral se elimina al estar sujeta al desempeño de evaluación”, cuestionó.

_{Legisladores, durante el desarrollo de la audiencia pública.}

 

A continuación, Gabriel Rodríguez, funcionario del Congreso Nacional, cuestionó la falta de tiempo suficiente para exponer las consideraciones fundamentadas. Por otro lado, criticó la excesiva cantidad de bonificaciones otorgadas a funcionarios de algunos ministerios y sugirió reglas claras y justas para todos los funcionarios.

Por su lado, Estela González, se refirió al origen del proyecto y cuestionó que es una afrenta a la soberanía paraguaya que un organismo internacional redacte un proyecto de interés nacional, sin considerar la colaboración de los funcionarios públicos.

“Es grave. Este proyecto adolece de muchas irregularidades, estabilidad laboral, contratos con incertidumbres, negociación colectiva y derechos adquiridos. Hay muchos ajustes para que esta ley garantice equidad y justicia para los trabajadores”, manifestó.

A su vez, Luis Florentín, exfuncionario de Itaipú, expresó su inquietud ante la situación laboral de nuestro país, lo cual provoca la migración masiva de los jóvenes. Lamentó, además, la falta de oportunidades en el sector público para personas formadas y capacitadas.

“A mí me despidieron sin ningún seguro social, nunca vamos a salir de ineficiencia estatal porque existen muchos funcionarios mediocres”, recalcó.

_{La senadora Yolanda Paredes, en uso de la palabra.}

SOBRE EL PROYECTO

Fue presentado por el Poder Ejecutivo, encabezado por el entonces presidente Mario Abdo Benítez, mediante el mensaje Nº 709, de fecha 21 de octubre del 2022.

El documento fue remitido a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública; Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto; Derechos Humanos; Salud Pública y Seguridad Social; Equidad y Género; y Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado.

Según la exposición de motivos, la propuesta tiene por objeto establecer las disposiciones de carácter general que serán aplicables a todas las carreras de la función pública señaladas en el artículo 101 de la Constitución y en las demás leyes especiales, así como regular las normas y procedimientos de la carrera del servicio civil.

En este proyecto se contemplan las solicitudes y demandas de los sectores involucrados, tanto del personal público como de la sociedad civil. Dichas solicitudes y demandas se han recogido en la presente iniciativa con la finalidad de resolver de manera satisfactoria el reto que para el Estado paraguayo plantea la reforma de la función pública, que solo será posible si la nueva ley recibe una aceptación universal que facilite su aplicación práctica.