La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, se reunió este martes bajo la presidencia del senador Javier Zacarías Irún, para el estudio y consideración de cinco puntos establecidos en el orden del día. el encuentro se realizó en forma mixta (presencial-virtual), desde la sala de sesiones de la Cámara Alta. 

^{El senador Javier Zacarías Irún, presidiendo la reunión.} 

Posterior al encuentro, celebrado en la sala de sesiones de la Cámara Alta, el senador Rafael Filizzola, miembro de la mencionada instancia legislativa, informó acerca de los acuerdos sobre los distintos puntos.

“Se trataron varios temas. Uno de los temas dictaminados favorablemente es una ley que va a establecer una mejora laboral para los asistentes fiscales”, explicó, al referirse al Mensaje Nº 1833 de la Cámara de Diputados de fecha 25 de octubre de 2024, por el cual remite el Proyecto de Ley "Que modifica el artículo 20 de la Ley Nº 1.562/2000 ‘Orgánica del Ministerio Público’".

Con relación al otro tema destacado, el senador Filizzola informó que recibieron al ministro de la Defensa Pública, Javier Esquivel, quien plantea una propuesta que les permita cobrar honorarios a aquellas personas que defienden y que cuentan con recursos. “Ese tema quedó en estudio y la semana que viene vamos a tener una reunión con representantes el colegio de abogados”, informó al respecto el legislador.

^{Vista general de los asistentes.}

El punto en cuestión hace referencia al Mensaje Nº 1805 de la Cámara de Diputados de fecha 25 de octubre de 2024, por el cual remite el Proyecto de Ley "Que modifica los artículos 59 y 76 de la Ley Nº 4423/2011 ‘Orgánica del Ministerio de la Defensa Pública”.

El otro tema que fue dictaminado favorablemente es el relativo a un convenio internacional con Trinidad y Tobago para la supresión de visas para pasaportes de todo tipo, y finalmente también quedó en estudio.

Esto corresponde al proyecto de Ley "Acuerdo entre la República del Paraguay y la República de Trinidad y Tobago sobre la supresión de visas para portadores de pasaportes diplomáticos, oficiales y ordinarios", suscrito en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el 27 de junio de 2024, enviado como mensaje del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores.

^{Vista de asistencia a través de la plataforma virtual.}

La Comisión también abordó una solicitud de ascenso para la comisario MCP Wilma Raquel Britos de Fernández, en reconocimiento a su labor dentro de la estructura policial. Este tema quedó postergado para la próxima semana, hasta tanto se estudien más documentaciones al respecto.

DEFENSA PÚBLICA

Por su parte, el defensor general, Javier Esquivel, destacó la importancia de la discusión en curso en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, donde se analiza una modificación de ley que podría impactar significativamente en el sistema de defensa pública. Según explicó, el proyecto, aprobado previamente en la Cámara de Diputados y actualmente en revisión en el Senado, propone una regulación de honorarios para aquellos usuarios del sistema que cuentan con recursos, permitiendo así una retribución adecuada a los servicios legales prestados.

^{Senadores Pedro Díaz Verón y Edgar López, miembros de la Comisión.}

Durante la reunión, Esquivel respondió a las consultas de los senadores, quienes manifestaron diferentes posturas. Algunos apoyaron la propuesta en la comisión, mientras que otros solicitaron mayor asesoramiento para asegurar que la normativa respete plenamente la Constitución Nacional.

En cuanto a la sostenibilidad financiera del proyecto, Esquivel explicó que, de ser aprobado, los fondos generados a través de esta regulación serían depositados en Hacienda como parte de la Fuente 30 de tasas judiciales. Estos recursos se destinarían a un Fondo Especial de Inversión para fortalecer la tecnología e infraestructura del sistema, áreas en las que aún existen carencias importantes.

^{El defensor general (1º izq.), acompañado de miembros de su equipo de trabajo.} 

La discusión de esta iniciativa representa, según el alto funcionario, un paso hacia la mejora de los servicios de defensa pública, con el objetivo de optimizar la atención y el acceso a la justicia de los ciudadanos que más lo necesitan.