La Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, presidida por la senadora Lizarella Valiente, llevó a cabo una mesa técnica para el análisis del proyecto de Ley “Que garantiza el derecho de niños, niñas y adolescentes a la protección ante el criadazgo”. El encuentro contó con la participación del doctor Ernesto Benítez, director general de Asesoría Jurídica del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.

_{Mesa técnica encabezada por la senadora Lizarella Valiente.} 

Durante la reunión se abordó el proyecto de ley remitido por la Cámara de Diputados, en el cual se expusieron los factores agravantes de la situación actual. En respuesta, se propuso la incorporación de un artículo específico que establezca sanciones penales para la práctica del criadazgo. El texto plantea que toda persona que, sin ser titular de la patria potestad, explote laboralmente a un niño, niña o adolescente en el ámbito doméstico, privándolo del derecho a vivir con su familia biológica, será sancionada con una pena privativa de libertad.

“La realidad es que esta práctica lamentablemente sigue siendo común en nuestro país. Aunque existe un decreto que prohíbe el criadazgo, hasta hoy no se han establecido sanciones específicas”, señaló la senadora Lizarella Valiente. Asimismo, subrayó que se está trabajando con firmeza para establecer consecuencias legales claras, especialmente en casos donde los menores son engañados y sometidos a explotación laboral o sexual.

También se destacó que la normativa contempla la aplicación de penas adicionales conforme al artículo 59 del Código Penal, sin perjuicio de la posibilidad de que las víctimas puedan accionar judicialmente por daños y perjuicios ocasionados.

La titular de la Comisión enfatizó que la falta de sanciones efectivas equivale a “invisibilizar” el delito, y reiteró que el objetivo es garantizar la prevalencia del interés superior del niño y asegurar la aplicación real de las penas correspondientes.

_{Presencia del doctor Ernesto Benítez, director general de Asesoría Jurídica del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.}

En cuanto a la implementación de la ley, se señaló que la denuncia ciudadana será clave para su efectividad. En este sentido, se recordó que la protección de la infancia es una responsabilidad de toda la sociedad, y que el Ministerio Público deberá actuar de oficio una vez recibida la denuncia, garantizando así el cumplimiento de los derechos del menor y la aplicación de la sanción correspondiente.

Finalmente, la legisladora valoró positivamente que el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) esté desarrollando programas de concienciación, y destacó el rol de los medios de comunicación en la visibilización de esta problemática. En ese marco, la mesa técnica concluyó con el compromiso de realizar una próxima reunión con expertos penalistas, con el objetivo de definir mecanismos adecuados para la inclusión de sanciones concretas en la legislación.