La senadora Lizarella Valiente, presidenta de la Comisión de Familia, Niñez y Adolescencia, encabezó la mesa técnica convocada para continuar el análisis del proyecto de Ley “Que garantiza el derecho de niños, niñas y adolescentes a la protección ante el criadazgo”. De la reunión participaron representantes del Ministerio de la Niñez y Adolescencia.

_{La senadora Lizarella Valiente, encabezando la mesa de trabajo.} 

Durante el encuentro, la legisladora recordó que el criadazgo está prohibido por decreto en la República del Paraguay, pero advirtió que, al no establecerse sanciones, esta práctica persiste sin castigo efectivo. Explicó que el proyecto, proveniente de la Cámara de Diputados, será modificado para incluir sanciones específicas. En ese sentido, se propone tipificar el criadazgo como delito, con una pena privativa de libertad de entre cinco y ocho años.

La senadora señaló que mantener a un niño en condiciones similares a la esclavitud constituye un delito grave, y destacó la dificultad de detectar estos casos, dado que ocurren en el ámbito privado. “Debemos ser severos en la aplicación de sanciones y actuar con responsabilidad”, afirmó.

_{Representantes que asistieron a la reunión de la fecha.} 

Además, informó que se acordó convocar a una nueva mesa técnica con especialistas en derecho penal, la cual se realizará este viernes 2 de mayo, a las 13:00 horas, con el objetivo de analizar las conductas agravantes y sustentar la propuesta de aumentar la pena hasta ocho años.

Finalmente, la presidenta del ente asesor explicó que el proyecto original se limita a prohibir el criadazgo, mientras que, desde el Senado se impulsará una propuesta que contemple su penalización efectiva.

Por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, participaron el viceministro de la Niñez, abogado Eduardo Escobar, y el director general de Asesoría Jurídica, doctor Ernesto Benítez. Por la Defensoría del Pueblo asistió la defensora adjunta, abogada Natalia Sosa. 

En representación del Ministerio de la Defensa Pública, participaron el defensor público de la Niñez y la Adolescencia, abogado Jorge Chávez, y la abogada Fátima Penayo.