Integrantes de la Comisión Especial de Investigación de Carácter Transitorio para la investigación de los hechos relacionados con la trama delictiva denominada “Mafia de los pagarés”, que preside el senador Rafael Filizzola, mantuvieron una reunión este lunes con la participación de ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y un camarista.

_{Senador Rafael Filizzola, titular de la Comisión de Investigación.} 

Al término de la reunión, el senador Rafael Filizzola informó que, hasta la fecha, se han recibido cerca de 3.000 denuncias de personas afectadas, las cuales están siendo analizadas minuciosamente. Explicó que no se trata de simples registros, sino de procesos que implican entrevistas personales, verificación de documentación y posterior remisión de antecedentes al Ministerio de la Defensa Pública. Y, en algunos casos, los expedientes también fueron enviados a la Corte Suprema de Justicia.

El legislador advirtió sobre el alto costo social que esta trama representa, destacando que muchas víctimas, principalmente docentes y personal de salud quedan prácticamente sin salario tras los descuentos compulsivos, afectando especialmente a madres solteras, pacientes oncológicos y personas con enfermedades crónicas. 

El senador Filizzola expresó su preocupación por las posibles complicidades internas en diversas instituciones, particularmente en direcciones de recursos humanos, que tendrían conocimiento del monto de los saldos salariales disponibles, permitiendo embargos que en algunos casos dejan a los trabajadores con apenas 8.000 o 35.000 guaraníes mensuales. Además, denunció la desaparición de expedientes judiciales en los juzgados de paz, la falta de exhibición de los títulos ejecutivos y la circulación de fotocopias de pagarés como documentos legítimos.

Alertó también sobre las limitaciones estructurales para cumplir con los procesos de notificación judicial, proponiendo incluir una revisión del mecanismo en la agenda legislativa. “Estamos hablando de deudas de 5 millones de guaraníes que terminan convirtiéndose en montos mucho mayores”, sostuvo. 

_{Ministros de la CSJ.} 

PROYECTOS DE LEY IMPULSADOS POR LA CORTE

Por su parte, el senador Mario Varela valoró la presencia de los ministros Alberto Martínez Simón y Eugenio Giménez Rolón, destacando los avances obtenidos en el marco de esta cooperación interinstitucional. Señaló que, si bien existe una fuerte presión ciudadana para detener los embargos y descuentos, el Estado de Derecho debe ser respetado, por lo que insistió en que las soluciones deben enmarcarse dentro de los límites constitucionales.

Mencionó que los proyectos de Ley impulsados por la Corte Suprema para abordar esta problemática recibirán tratamiento prioritario en los próximos días. Se trata del proyecto que modifica la Ley Nº 1337/88 del Código Procesal Civil, a fin de establecer requisitos más rigurosos para la ejecución de pagarés, y del proyecto que incorpora el uso del expediente judicial electrónico en los juzgados de paz. 

En su intervención, el ministro Alberto Martínez Simón aseguró que la Corte actuó con celeridad y firmeza desde que el caso se hizo público. Explicó que, ante las evidencias recogidas por auditoría, se suspendieron preventivamente a cinco magistrados, diez actuarios, siete notificadores y quince oficiales de justicia. Cuatro funcionarios renunciaron tras ser sumariados y se amplió la investigación a otros veinticinco funcionarios. Agregó que los antecedentes ya fueron remitidos al Ministerio Público, que intervino realizando allanamientos en distintos juzgados de paz de Asunción. 

En ese sentido, el ministro explicó que uno de los anteproyectos presentados por la Corte busca modificar parcialmente algunos artículos del Código Procesal Civil. Aclaró que el Código Civil regula todo lo relativo a los títulos cambiarios, los cuales también se encuentran contemplados en normativa internacional de la que Paraguay es parte. Señaló que estos instrumentos están directamente ligados a las fuentes de financiamiento y al movimiento financiero en una plaza que hoy está en pleno desarrollo.

“Tenemos que ser muy prudentes, por eso comunicamos hoy a la Comisión la posición de la Corte al respecto”, sostuvo el alto magistrado. Indicó que esta modificación apunta a dar una solución concreta al problema de que un mismo documento pueda ser utilizado varias veces para ejecutar el cobro a una misma persona.

“Las normas que planteamos implican la devolución de esos documentos al deudor o la presentación de los mismos al juzgado al momento del cobro, por lo tanto, entendemos que eso no va a afectar la regulación de las letras, la regulación de los títulos cambiarios, y va a permitir evitar estos problemas con los cuales ustedes fueron ya testigos y comunicadores en su momento”, concluyó el ministro Martínez Simón.

_{Vista general de la reunión.} 

PROCEDIMIENTOS

Durante los procedimientos, llevados a cabo el 10 de febrero de este año, fueron incautados 1.546 expedientes. El Dr. Martínez Simón detalló además los esfuerzos para designar jueces suplentes, recurriendo incluso a jueces del interior con experiencia en expediente electrónico. 

Asimismo, informó que desde el año 2016 la Corte ha venido implementando el expediente electrónico en primera instancia, y que actualmente ya se encuentra en funcionamiento en las salas penal y civil. Para fin de año, se prevé su implementación en los tribunales de apelación y se proyecta su incorporación en la sala constitucional. En cuanto a los juzgados de paz, explicó que hay más de 300 en todo el país y que el proceso de digitalización avanza progresivamente, iniciando por los de Concepción y Asunción, con miras a incluir próximamente los de Santísima Trinidad, la Catedral, San Roque y La Encarnación. 

INCORPORAR TECNOLOGÍAS

El senador José Oviedo hizo hincapié en la importancia de incorporar tecnologías modernas y seguras, que permitan establecer trazabilidad y transparencia en el manejo de documentos judiciales sin entorpecer los procesos. Señaló además la necesidad de fortalecer la seguridad cibernética para prevenir manipulaciones de datos. 

Por su parte, la legisladora Lizarella Valiente propuso avanzar en la sanción de una Ley de protección de datos personales, considerando que las entidades crediticias deben manejar cierta información de los ciudadanos, pero dentro de un marco normativo claro. También sugirió establecer controles estrictos sobre las empresas que adquieren carteras de deudas, a fin de evitar su participación en esquemas delictivos. Solicitó a los ministros de la Corte encontrar alguna solución para detener los embargos.  

A su turno, la senadora Esperanza Martínez abogó por una ley que obligue a entregar a los deudores una copia autenticada del pagaré, como una medida para vincular cada cuota pagada con el documento firmado y así evitar abusos. Consideró que la Corte podría emitir una resolución que suspenda los pagos en juicios donde se identifiquen irregularidades, expedientes extraviados o ausencia de notificación. 

El senador Ignacio Iramain reclamó medidas urgentes para frenar los embargos mientras no se compruebe fehacientemente la existencia de las deudas, reiterando que muchas personas están siendo embargadas sin haber sido notificadas debidamente. 

Varios legisladores solicitaron formalmente a las autoridades judiciales la suspensión temporal de los embargos hasta tanto se culmine la investigación en curso. Ante este planteamiento, los ministros de la Corte Suprema señalaron que, conforme al marco jurídico vigente, no tienen competencia para establecer una suspensión generalizada de los procesos en curso. No obstante, manifestaron su compromiso de seguir colaborando con la investigación legislativa y continuar adoptando medidas administrativas y disciplinarias en los casos donde se comprueben irregularidades. 

Finalmente, el senador Filizzola consultó a los ministros sobre el tope legal de los embargos. El ministro Martínez Simón respondió que, salvo en el caso de prestaciones alimenticias, el máximo permitido por ley es del 25% del salario. Explicó que, ante una segunda orden de embargo, el pagador debe responder al juez indicando que ya existe un embargo en curso, de modo que no puede aplicarse otro sobre el mismo salario.