La Comisión Especial de Investigación de Carácter Transitorio para la investigación de los hechos relacionados con la trama delictiva, denominada “Mafia de los pagarés”, que preside el senador Rafael Filizzola, celebró su reunión ordinaria con la participación de autoridades del Poder Ejecutivo. 

_{Senador Rafaek Filizzola, presidente de la Comisión Especial.} 

El senador Rafael Filizzola destacó que la reunión fue “muy positiva” y marcó el inicio de una nueva etapa de trabajo: el abordaje de los descuentos convencionales, es decir, aquellos que el propio funcionario autoriza sobre su salario para saldar compras o préstamos, muchas veces bajo presión o desinformación.

“El principal problema lo tenemos ahí: los descuentos voluntarios, que terminan vaciando los bolsillos de los trabajadores del Estado. Muchos llegan a fin de mes con saldo cero, y algunos ni siquiera comprenden de qué se les descuenta o por qué aún les siguen cobrando una deuda ya saldada”, sostuvo el legislador Filizzola.

Explicó además que se está trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas en la implementación de un formulario para que los funcionarios puedan desautorizar estos descuentos. La idea es devolver el control al trabajador y poner límites al rol del Estado como agente de cobranza.

_{Vista general de la reunión.} 

Durante el encuentro, el ministro del Interior, Enrique Riera, compartió su experiencia en la lucha contra este flagelo cuando lideró otras instituciones. Relató cómo, al frente del MEC, descubrieron que más de 10.000 docentes prácticamente no cobraban sus salarios debido a convenios de descuento firmados con múltiples asociaciones y casas de crédito. “Tuve que anular todos esos convenios por resolución y blindamos el salario de los docentes hasta el 50%. Hoy, seguimos viendo cómo se vulneran los derechos de quienes más necesitan estabilidad”, remarcó.

El ministro Riera reveló además una situación alarmante: alrededor de 800 agentes de policía se encuentran en procesos de quiebra, algunos incluso en etapa de remate de bienes. “No podemos permitir que quienes están en la primera línea contra el crimen trabajen en estas condiciones. Es un riesgo para todos”, advirtió, proponiendo también la implementación de talleres de educación financiera para el funcionariado.

“Si podemos bloquear el uso de la administración pública para agencias de cobranzas” subrayó el secretario de Estado.

_{Ministro del Interior, Enrique Riera.} 

Por su parte, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, sugirió una solución tajante: suspender todos los descuentos, salvo los embargos judiciales, para cortar de raíz los abusos. Admitió no haber sido informado anteriormente sobre la situación que viven varios de los oficiales a su cargo, pero mostró apertura para tomar medidas urgentes.

El senador Filizzola valoró esta propuesta, señalando que solucionaría el 90% de los casos, pero recordó que aún resta enfrentar el problema de los embargos que superan el límite legal del 25% del salario, lo cual también deberá ser auditado por las direcciones jurídicas de las Fuerzas Armadas.

_{Ministro de Defensa Nacional, Óscar González.} 

REGLAMENTO PARA LOS DESCUENTOS

El viceministro de Educación, David Velázquez, acudió a la reunión en representación del titular de la cartera, Luis Ramírez. Recordó que, gracias a gestiones pasadas, como las del propio Enrique Riera, el MEC adoptó la Resolución Nº 28.077, que establece el reglamento para los descuentos sobre salarios. Esta norma permitió centralizar el control de descuentos en el MEC, evitando duplicidades con el Banco Nacional de Fomento.

Sin embargo, admitió que persisten desafíos importantes, especialmente en la comunicación con los docentes que desconocen el detalle de sus deudas o no tienen acceso digital para consultarlas. “Debemos ser más sensibles con los casos particulares y encontrar soluciones más accesibles para todos”, expresó.

Ante la falta de una postura institucional clara por parte del MEC sobre las medidas a tomar, el senador Colym Soroka quien participó del encuentro como invitado, exigió mayor practicidad: “Queremos saber cuál va a ser su posición. Necesitamos acciones concretas y no más excusas”.

El senador José Oviedo, por su parte, lamentó que muchas veces “el aparato estatal es tan burocrático que uno se frustra buscando justicia”, mientras que la senadora Lizarella Valiente propuso que se realice una verificación general de los descuentos y se exija a los docentes renovar su consentimiento para validar la legitimidad de cada cobro.

_{El encuentro se realiazó en la sala de la Presidencia del Senado.} 

PRÓXIMOS PASOS

Finalmente, el senador Filizzola adelantó que en las próximas sesiones se convocará a representantes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), ante la sospecha de evasión fiscal por parte de empresas involucradas, y también del Banco Nacional de Fomento, ya que varias operaciones se realizan a través de dicha institución. Además, se reiterará la invitación al ministro de Educación, para obtener respuestas claras y compromisos institucionales concretos.

“La Comisión no va a cesar hasta lograr que el Estado deje de ser utilizado como herramienta de usura. Estamos frente a un problema de dimensiones nacionales, y es tiempo de sanear el sistema, proteger al funcionario y responsabilizar a quienes lucran con su vulnerabilidad”, concluyó el presidente de la instancia legislativa.