La Comisión de Derechos Humanos, presidida por el senador Mario Varela, llevó a cabo su reunión ordinaria este martes, donde se abordaron dos proyectos contemplados en su orden del día.
Imagen de la reunión presidida por el senador Mario Varela, presidente de la Comisión.
Durante la reunión fue analizado el proyecto de Ley que modifica el artículo 207 de la Ley Nº 1680 “Código de la Niñez y la Adolescencia”, presentado por el senador Javier Zacarías Irún. La propuesta plantea el aumento de la pena privativa de libertad a 15 años para menores de edad, actualmente fijada en un máximo de 8 años. Cabe resaltar que existe otra iniciativa solicitando una pena de hasta 20 años.
El senador Mario Varela explicó que, si bien se reconoce la gravedad de ciertos delitos cometidos por adolescentes, la Comisión asesora -en mayoría- considera que una pena de hasta 10 años podría ser una alternativa razonable en casos especialmente graves. “El aumento de pena no va a hacer que disminuyan los casos. Hay que recordar que el niño o adolescente es todavía un ser humano en proceso de formación cognitiva, intelectual y emocional”, señaló el legislador. En ese contexto, mencionó el caso del reciente homicidio de la adolescente María Fernanda Benítez, en Coronel Oviedo, hecho que generó un fuerte impacto y debate público.
Luego del debate, la Comisión resolvió aprobar el proyecto con modificaciones. Cabe mencionar que la propuesta será analizada por el Pleno del Senado, en su sesión ordinaria prevista para este miércoles.
TARIFA SOCIAL
En otro punto de la reunión, los legisladores recibieron a los ingenieros Ricardo Canese y Mercedes Canese, junto a Rubén Penayo, quienes presentaron la iniciativa popular proyecto de Ley “Que garantiza a la energía eléctrica como un derecho humano y amplía la tarifa social”, en el marco de los requisitos establecidos por la Ley N° 6983/2022. La propuesta fue impulsada por representantes de organizaciones sociales.
Reunión con los profesionales que presentaron la iniciativa sobre tarifa social.
El proyecto propone que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) conecte el servicio eléctrico a todos los hogares, incluso en ausencia de cuenta catastral o cédula a nombre del usuario, buscando formalizar las conexiones y ampliar la cobertura. Se plantea declarar la energía eléctrica como un derecho humano y se propone financiar el acceso universal a través del 50% de la renta eléctrica nacional.
La propuesta incluye, entre otros puntos, descuentos automáticos para usuarios de baja tensión, beneficios específicos para adultos mayores carenciados y comunidades indígenas (hasta 300 kWh/mes gratuitos), así como tarifas más bajas para MIPYMES y juntas de saneamiento. Además, busca reducir la morosidad y las conexiones ilegales mediante incentivos al consumo racional y mayor eficiencia en el sistema eléctrico.
El senador Mario Varela destacó la importancia del debate, “la falta de acceso a la energía puede convertirse en un problema de salud pública, especialmente en comunidades vulnerables. No obstante, también debemos considerar la sostenibilidad financiera del subsidio”, indicó.
Según los proyectistas, el costo estimado del subsidio es de 200 millones de dólares anuales, que podría ser cubierto con la renta eléctrica estimada en 1.250 millones de dólares. Señalan que actualmente gran parte de las deudas son incobrables, por lo que, esta ley permitiría a la ANDE recuperar ingresos mediante un esquema más equitativo y sostenible.
El proyecto no solo busca garantizar el acceso universal, sino también generar impactos positivos en la economía nacional, promoviendo el empleo, el ahorro energético, la mejora en la calidad del servicio y el fortalecimiento institucional de la ANDE.
En la ocasión, la iniciativa fue socializada en la Comisión, por lo que, no se emitió dictamen.
La reunión contó con la presencia de los senadores José Ledesma y Lizarella Valiente. El encuentro se realizó en la sala Bicameral de Presupuesto, de la sede legislativa.