Acuerdan garantizar protección a funcionarios endeudados y frenar abusos  

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La Comisión Especial de Investigación de Carácter Transitorio para la investigación de los hechos relacionados con la trama delictiva denominada “Mafia de los pagarés”, presidida por el senador Rafael Filizzola, recibió este jueves en su reunión extraordinaria a la Dra. María Teresa Barán, ministra de Salud Pública y Bienestar Social (MSPYBS) acompañada de su equipo técnico. 

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Vista de la reunión de la Comisión Especial. 

Tras el encuentro, el senador Rafael Filizzola destacó la buena predisposición del ministerio de Salud y valoró la coincidencia en el diagnóstico del problema. 

“Vemos que la ministra y su equipo conocen el problema y están alineados con lo que conversamos con otros ministros. Lo que pedimos es transparencia: que los funcionarios sepan exactamente qué se les está descontando, bajo qué concepto, y que se respeten los límites legales como el tope del 25 % del salario para descuentos judiciales y que se garantice el derecho a revocar autorizaciones de descuentos abusivos”, expresó el legislador.

Asimismo, subrayó la importancia de establecer procedimientos sencillos y accesibles para que el trabajador pueda ejercer sus derechos, y que se habiliten canales para que cualquier irregularidad pueda ser corregida. 

Por su parte, la ministra María Teresa Barán reconoció que los funcionarios del sistema de salud pública figuran entre los más afectados por los descuentos judiciales y extrajudiciales derivados de deudas muchas veces contraídas en condiciones abusivas. 

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Dra. María Teresa Barán, ministra de Salud. 

“Sabemos que muchas veces estos descuentos se dan por órdenes judiciales que debemos acatar. Sin embargo, estamos impulsando otras medidas para salvaguardar el bienestar de nuestros funcionarios, especialmente del personal de salud más vulnerable, como enfermeras, técnicos y personal de apoyo”, afirmó la titular de la cartera sanitaria.  

La titular de la cartera de Salud señaló que alrededor de 2.700 funcionarios del ministerio enfrentan demandas judiciales, de los cuales 930 casos son por prestación alimentaria que deben cumplirse por ley, mientras que, el resto corresponde a deudas contraídas por autorización directa del funcionario, muchas veces con asociaciones o entidades vinculadas al esquema investigado. 

En este sentido, la secretaria de Estado aclaró que los trabajadores pueden solicitar la suspensión de estos descuentos voluntarios, y tratar sus compromisos directamente con las empresas involucradas. Además, se están realizando capacitaciones en educación financiera para brindar herramientas preventivas. 

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Varios senadores participaron del encuentro. 

“Estamos trabajando con la Dirección de Administración y Finanzas para ofrecer cursos de educación financiera, y vamos a seguir informando que esta posibilidad existe, porque muchos funcionarios ni siquiera saben que pueden revocar esos descuentos”, explicó la ministra.

El encuentro se realizó en la sala de reuniones de la Presidencia “Paz del Chaco”. Asistieron los senadores Ignacio Iramain, José Oviedo, Lizarella Valiente y Esperanza Martínez.