El senador Dionisio Amarilla, presidente de la Comisión Conjunta de Carácter Transitorio para la Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, Contra el Patrimonio del Estado, Contrabando y Otros Delitos Conexos, presentó ante el Pleno de la Cámara Alta, el informe final correspondiente a los trabajos desarrollados por dicho órgano especial.

_{Senador Dionisio Amarilla, presidente de la CBI.} 

Al inicio de su intervención, el legislador destacó que el informe presentado se sustenta en documentos que respaldan que todo el proceso de investigación se llevó a cabo con imparcialidad, objetividad, transparencia y seriedad. Subrayó que, por sobre todas las cosas, se recurrió a profesionales competentes, funcionarios del Congreso, quienes procesaron la documentación correspondiente para finalmente elevar las recomendaciones y consideraciones finales en la fecha.

Así mismo, recordó que la comisión definió tres ejes principales como puntos de investigación: en primer lugar, el lavado de activos vinculado al financiamiento político a través de organizaciones sin fines de lucro; en segundo lugar, el lavado de activos provenientes del tráfico de armas; y, en tercer lugar, el lavado de activos derivados de actividades ilícitas, blanqueados e ingresados al sistema financiero por medio de bancos y empresas. Finalmente, mencionó que, a propuesta del senador Colym Soroka, también fue incluido como línea de investigación el caso del fallecido diputado Eulalio Gómes.

Durante sus labores, la Comisión estableció comunicación con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), con el objetivo de esclarecer situaciones vinculadas a la empresa Biocombustible Sociedad Anónima (Biobras S.A). Sin embargo, no se pudo acceder a información específica sobre la deuda de los representantes de la firma, debido a que los datos del contribuyente están protegidos por el deber de reserva establecido en el artículo 22 de la Ley Nº 7143/23.

_{Vista de los tomos del informe final de la CBI.} 

En otro punto, el senador Amarilla expuso la declaración del señor Gilberto Suárez, uno de los representantes de “Biobras”, quien había solicitado un préstamo al Banco Atlas. Según su declaración, contaba con ingresos mensuales de G. 5.000.000 y egresos de G. 3.000.000. No obstante, la Comisión constató que obtuvo préstamos por un total de USD 6.500.000, utilizando como garantía dos estancias: “Cielo Azul” y “La Negra”. Posteriormente, se confirmó que dichas propiedades estaban vinculadas a hechos ilícitos.

El legislador Dionisio Amarilla, manifestó su preocupación ante la inacción del Ministerio Público respecto a este y otros casos, señalando que han transcurrido más de diez años sin respuesta alguna por parte de la Fiscalía.

FINANCIAMIENTO POLÍTICO

Asimismo, el informe final incluyó una investigación sobre posibles casos de lavado de activos vinculados al financiamiento político a través de organizaciones sin fines de lucro. La Comisión solicitó información a 21 entidades, detectando que aproximadamente el 71% de los recursos fueron destinados al pago de salarios, premios y viáticos, sin que existan evidencias claras sobre el impacto cualitativo y cuantitativo de los fondos en los sectores beneficiados. En el proceso, se identificaron vínculos entre ciertas organizaciones civiles y actores políticos, respaldados por documentos y contratos que fueron presentados como ejemplos.

TRÁFICO DE ARMAS

En lo referente al tráfico de armas, el senador Dionisio Amarilla sostuvo que, entre los años 2022 y 2024, se registraron importaciones por un valor de 100 mil millones de guaraníes, correspondientes a unas 40 mil armas aproximadamente, además de municiones. Señaló que convocaron a representantes de la Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN) para que informen sobre el sistema utilizado para la trazabilidad de los fondos. Sin embargo, lo llamativo de este negocio —afirmó— es que “el sistema financiero paraguayo se niega rotundamente y se ha negado sistemáticamente” a utilizar mecanismos que permitan dicha trazabilidad.

 “El trabajo de esta Comisión nunca tuvo intenciones parcialistas, mucho menos sesgos políticos ni deseos de perjudicar a nadie. Hemos actuado con responsabilidad: cada documento recibido fue evaluado como elemento de convicción”, afirmó el senador Amarilla al concluir la presentación del informe.

_{Senador Colym Soroka, quien integró también la Comisión Bicameral.} 

CASO DIPUTADO

Por su parte, el senador Colym Soroka, quien integró también la Comisión Bicameral, se refirió principalmente al caso del fallecido diputado Eulalio Gómes, y manifestó que la Comisión no cuenta con elementos suficientes para emitir una conclusión sobre el mismo. “Hasta hoy no hemos tenido resultados en relación al caso”, cuestionó.

El legislador mencionó además que, los tres fiscales de la causa se hayan mantenido en silencio: “¿Por qué nadie quiere hablar de este caso?”, se preguntó. Añadió que el diputado Gómes dejó en evidencia la realidad del sistema de justicia paraguayo, especialmente luego de la inspección de su teléfono celular. “No he recibido del Poder Judicial ni del Ministerio Público la respuesta que hubiera esperado”, sostuvo, y denunció incluso que, por involucrarse en la investigación, fue víctima de amenazas: “Me dejaron una bala. Imagínense, a un congresista”, lamentó.

ONG’s

Por su parte, el senador Gustavo Leite, integrante también de la CBI, profundizó sobre el tema del lavado de activos vinculado al financiamiento político a través de organizaciones sin fines de lucro. Señaló que el tema de las ONG´s va un poco más allá, especialmente cuando solicitaron el detalle de los gastos.  Indicó que solamente una organización respondió con claridad. “Los demás nos dieron detalles generales, pero no información específica sobre quién se llevó el dinero”, cuestionó.

_{Senador Gustavo Leite, integrante también de la CBI.} 

Entre las recomendaciones finales de la Comisión, mencionó la necesidad de conformar una nueva Comisión Bicameral que dé seguimiento al caso, con el objetivo de esclarecer el destino de los fondos relacionados con la Ley de ONGs, que establece mecanismos para el control y transparencia, incluyendo el registro de las mismas.

Es importante resaltar que el Pleno aprobó elevar el informe final a las siguientes instituciones: Ministerio Público; Contraloría General de la República (CGR); Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT);  Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD); Banco Central del Paraguay (BCP), a través de su Superintendencia de Bancos; los parlamentos regionales, y el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.

La Comisión también estuvo integrada por los diputados Rodrigo Gamarra, Héctor Figueredo y Jatar Fernández.