Integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, encabezada por el senador Javier Zacarías Irún, analizó proyectos relacionados con el derecho a la alimentación adecuada y, en adenda, uno que regula la figura de las concertaciones de carácter nacional, departamental y municipal.

_{Senador Javier Zacarías Irún, presidente de la Comisión (izq.)}

Se trató como primer punto el proyecto de Ley “Marco del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada en la República del Paraguay”, presentado por las senadoras Blanca Ovelar y Esperanza Martínez y los entonces senadores Amado Florentín, Pedro Santa Cruz y Gilberto Apuril.

El proyecto busca establecer un marco jurídico que garantice, de forma permanente y sin retrocesos, el derecho humano a una alimentación adecuada, así como la seguridad y soberanía alimentaria, mediante políticas y estrategias estatales. Propone la creación del Consejo Asesor de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional como órgano deliberativo y consultivo, con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social como ente rector y articulador. Además, prioriza en el Presupuesto General de la Nación la ejecución de acciones vinculadas a este derecho.

Varias instituciones remitieron su parecer. En ese sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), no acompaña el proyecto, sugiere optimizar recursos y fortalecer programas existentes. En tanto, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), considera la iniciativa loable, pero deja los aspectos económicos y técnicos a otros organismos.

La OPACI, señala que ya existen programas nacionales como Tekoporã y Hambre Cero para personas vulnerables. Desde el Ministerio de Salud Pública, apoyan el objetivo del proyecto y recomienda mejor coordinación institucional y el Ministerio de Desarrollo Social, propone eliminar los artículos que crean el Consejo Asesor y designar como autoridad al Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) por su competencia técnica.

A su turno, la senadora Blanca Ovelar, quien participó de manera virtual como una de las proyectistas, explicó que esta es una ley garantista destinada a reconocer la alimentación como un derecho humano fundamental y a coordinar las acciones del Estado para evitar fragmentación y desigualdades. Recordó que en el período 2013–2018 un proyecto similar fue vetado, por lo que trabajaron con el Frente Parlamentario contra el Hambre para elaborar una nueva propuesta basada en experiencias internacionales y recomendaciones de la FAO.

Aclaró que el proyecto no solicita recursos adicionales de inmediato, sino que busca ordenar y coordinar programas ya existentes para asegurar su correcta ejecución. Defendió la creación del Consejo Asesor como espacio político y técnico para identificar falencias, garantizar financiamiento, mejorar la calidad del servicio y fortalecer la coordinación.

La proyectista destacó que el proyecto es fruto de más de 10 años de trabajo y consultas técnicas, con el objetivo de que todos los habitantes tengan acceso garantizado a alimentos a través de un Estado eficiente, coordinado y comprometido con los derechos de sus ciudadanos.

En el debate, el senador Rafael Filizzola consultó sobre el posible impacto presupuestario, a lo que la senadora Ovelar respondió que sí lo habrá, ya que se busca garantizar la alimentación para unas 350.000 personas en situación de hambre, según datos del INAN y el INE. Explicó que cada año nacen alrededor de 40.000 niños en extrema pobreza y que los primeros 1.000 días son decisivos para su desarrollo neurológico y potencial productivo.

Señaló que el Estado debe atender anualmente a unos 200.000 niños en programas como PANI, actualmente financiado a la mitad, y mantener la atención a otros sectores vulnerables, como adultos mayores, además de fortalecer Hambre Cero en las escuelas. Subrayó que la meta es optimizar recursos existentes y avanzar gradualmente hacia la cobertura total, incluso ampliando Hambre Cero a la secundaria.

Por su parte, el senador Eduardo Nakayama recordó que en la Comisión de Legislación surgió la duda sobre cómo encajar este proyecto con la Ley Hambre Cero. Indicó que no existe impedimento para que ambos coexistan y que, en Legislación, se propuso modificar la integración del Consejo, incorporando representantes de la Sociedad Paraguaya de Pediatría y del INAN. Señaló que el proyecto cuenta además con dictámenes favorables de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por lo que manifestó su apoyo a la aprobación con las modificaciones propuestas por Legislación.

A su vez, el senador Ramón Retamozo expresó su posición por el rechazo, recordando que el Ministerio de Economía y Finanzas recomendó no acompañar el proyecto. Señaló que desde la presentación de esta iniciativa en 2022 se implementaron programas como Tekoporã, Hambre Cero y la pensión alimentaria para adultos mayores, que ya atienden a sectores vulnerables. Manifestó dudas sobre la capacidad del Estado para cubrir a más de 2 millones de personas en situación de pobreza y consideró más oportuno elaborar un nuevo proyecto actualizado que contemple la realidad y los programas vigentes.

Asimismo, el legislador Natalicio Chase secundó la moción de su colega Retamozo, argumentando que, si bien el objetivo es noble, la situación económica y presupuestaria del país es delicada. Señaló que el programa Hambre Cero ya implica un gran esfuerzo financiero con atrasos en pagos y que existe un déficit de más de 100 millones de dólares en obras públicas y 150 millones en salud. Advirtió que este nuevo proyecto no define claramente su alcance ni los fondos necesarios, lo que podría generar una carga insostenible. Propuso trabajar en una propuesta consensuada y con garantía de recursos antes de su aprobación.

Finalmente, la Comisión emitió dictamen en mayoría por la aprobación con modificaciones, que será elevado al Pleno del Senado.

_{Vista general de la reunión.} 

SALIDA TEMPORAL

Otro punto tratado fue el Mensaje N.º 303 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Defensa Nacional, de fecha 28 de julio de 2025, por el cual solicita la autorización para la salida temporal del país de personal militar del Ejército Paraguayo: uno (1) oficial general, once (11) oficiales superiores, ocho (8) oficiales subalternos, veinte (20) cadetes de cuarto curso de la Academia Militar “Francisco Solano López”, doce (12) suboficiales y tres (3) suboficiales de reserva, quienes integran la delegación paraguaya en el Ejercicio Conjunto Combinado Paraná IV – Segunda Fase, a llevarse a cabo del 18 al 29 de agosto de 2025, en la ciudad de Cascavel, Estado de Paraná, República Federativa del Brasil.

Además, el Mensaje N.º 304 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Defensa Nacional, de fecha 28 de julio de 2025, solicita la autorización para la salida temporal del país de personal militar con sus respectivos armamentos y equipos, a fin de participar de la Competencia Internacional “Fuerza Comando 2025”, a llevarse a cabo del 18 al 28 de agosto de 2025, en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador. Ambos pedidos del Poder Ejecutivo fueron aprobados.

ADENDA

En adenda, se trató el Mensaje Nº 2.885 de la Cámara de Diputados, que remitió nuevamente el proyecto de Ley “Que amplía las disposiciones del Código Electoral, regula la figura de las concertaciones de carácter nacional, departamental y municipal y deroga la Ley Nº 3212/2007”. El proyecto fue presentado por el diputado José Rodríguez, aprobado por Diputados el 19 de noviembre de 2024, modificado por el Senado el 2 de abril de 2025 y parcialmente aceptado por Diputados, rechazando la modificación del inciso g) del artículo 3.

Con relación a esta iniciativa, el senador Eduardo Nakayama señaló que no apoyaría ninguna de las dos versiones (Senado o Diputados), solicitando que se deje constancia de su abstención. Asimismo, el senador Rafael Filizzola coincidió con su colega y consideró que la propuesta busca impedir la participación ciudadana y dificultar la conformación de concertaciones.

Por su parte, la senadora Yolanda Paredes manifestó su rechazo al proyecto, al igual que el senador Sergio Rojas, quienes solicitaron dejar constancia de su abstención.

Mientras que, el senador Natalicio Chase mocionó por la aprobación de la versión de Diputados, el senador Ramón Retamozo secundó la moción.

Finalmente, se registraron 7 votos a favor de la versión de Diputados y 4 abstenciones. El dictamen de la Comisión, en mayoría, será también elevado al Pleno para su decisión final.