La Comisión de Derechos Humanos, encabezó este jueves una mesa de trabajo en modalidad presencial/virtual para abordar la situación de la comunidad indígena Karapá, del distrito de Ypehú, departamento de Canindeyú, afectada por violencia y conflictos de tierras.
Vista general de la mesa de trabajo.
El encuentro se convocó tras denuncias de ataques de guardias privados que habrían dejado personas heridas, destruido 36 viviendas y una escuela, y limitado el acceso a agua y alimentos.
El senador Mario Varela, presidente de la Comisión, quien participó de manera virtual expresó su preocupación y pidió que los hechos se investiguen con urgencia y respeto a los derechos humanos.
A su vez, el viceministro del Interior, Óscar Pereira reafirmó el compromiso del Gobierno con la protección de la comunidad, en el marco del Plan Nacional de Pueblos Indígenas.
El representante del INDI, Carlos Recalde, indicó que el proceso de reconocimiento oficial de la comunidad requiere censo, verificación de asamblea y estudios territoriales, y que podría concretarse en 2026 por limitaciones presupuestarias.
La reunión dirigió la senadora Esperanza Martínez.
La senadora Esperanza Martínez recordó que el reconocimiento de la comunidad es un derecho constitucional y exigió garantizar la seguridad, el acceso a alimentos y atención médica. Instó además al Senado a impulsar acciones concretas para prevenir nuevas agresiones y resolver el conflicto territorial.
El líder indígena Salino Romero relató que las familias se refugiaron en el monte tras los ataques y carecen de alimentos y medicamentos, pidiendo vivir en paz y que se reconozca a la comunidad. Gildo Romero, docente y miembro de la comunidad, señaló que poseen raíces ancestrales y pruebas históricas, como cementerios antiguos, que acreditan su pertenencia, rechazando las acusaciones de invasores.
Walter Isasi, de CODEHUPY, recordó que la legislación nacional y el Convenio 169 de la OIT reconocen el derecho de las comunidades indígenas a un territorio sin necesidad de título, y que el proceso de reconocimiento no debería superar los 30 días.
De manera virtual participó el senador Mario Varela, presidente de la Comisión de DD.HH.
Fidelina Ortega, de la Pastoral Social Indígena, manifestó su preocupación por la crisis humanitaria y aseguró que la comunidad cuenta con el respaldo del Cardenal y del Nuncio Apostólico. Hugo Giménez, de la Defensa Pública, propuso la creación de una comisión interinstitucional, un campamento técnico y un censo comunitario para avanzar en el reconocimiento.
Al finalizar la reunión, la senadora Martínez subrayó que el Senado debe mantener un rol activo en el seguimiento del caso y recordó los atropellos sufridos, como quema de viviendas, desplazamientos y ataques a menores. Destacó la importancia de respetar la dimensión territorial y cultural de la comunidad y la necesidad urgente de frenar la violencia y definir soluciones justas mediante expropiación o reubicación.
La senadora Lizarella Valiente, participó de la reunión de manera virtual.
Asimismo, detalló los acuerdos de la mesa de trabajo:
-Organización del censo comunitario a cargo del INDI como paso previo al reconocimiento legal.
-Garantizar el libre acceso y la seguridad de las familias con acompañamiento de la Policía Nacional.
-Identificación y control de empresas de seguridad privada involucradas en los hechos violentos.
-Gestión de ayuda humanitaria urgente para las familias afectadas.
-Evaluación del conflicto de tierras, contemplando alternativas de expropiación o reubicación.
De la mesa de trabajo participaron representantes de diversas instituciones, incluidos senadores miembros del ente asesor, el viceministro del Interior, del INDI, la Defensa Pública, CODEHUPY, la Pastoral Social Indígena y líderes de la comunidad.