Abogan por la unificación de criterios en investigaciones de hechos punibles

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La Comisión Bicameral encargada del análisis del informe y dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024, presidida por el senador Dionisio Amarilla, recibió al fiscal general del Estado, al viceministro de Economía y Finanzas (MEF), al director nacional de Contrataciones Públicas y al equipo técnico de la CGR.

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El senador Dionisio Amarilla y el fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón. 

Participaron de la reunión el fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón; el viceministro de Administración Financiera del MEF, Óscar Lovera; el director nacional de Contrataciones Públicas, Juan Agustín Encina; y el equipo técnico de la Contraloría General de la República, con el objetivo de contrastar los reportes sobre la situación actual y los avances en sus respectivas instituciones respecto a los informes y dictámenes elaborados por la CGR y remitidos a la Comisión Bicameral.

“Existe la necesidad de unificar criterios para que las denuncias de la Contraloría, al llegar al Ministerio Público, sigan el andarivel de profundización”, señaló el senador Dionisio Amarilla.

El legislador agregó que la Fiscalía argumenta que algunos de sus criterios no coinciden con los manejados por la Contraloría General de la República. “Eso deberá mejorarse mediante mesas de trabajo y unificación de criterios”, expresó.

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Vista general de la reunión. 

En esa línea, el director nacional de Contrataciones Públicas, Juan Agustín Encina, coincidió en que es necesario unificar criterios entre las instituciones encargadas de las investigaciones. “Insto a que ocurra lo mismo entre la Contraloría y la Fiscalía, especialmente mediante capacitación, para que siempre se hable el mismo idioma y, cuando se identifique un indicio, sea de fácil entendimiento e imputación, de modo que puedan abrirse las investigaciones pertinentes cuando estemos ante un hecho punible”, sostuvo.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón, mencionó que, una vez superado el régimen de correspondencia, las informaciones recibidas deben ser procesadas como elementos de convicción que permitan realizar una imputación.

“Hoy hablamos de un acto responsable que implica una investigación preliminar y precisa de dos cuestiones fundamentales: la justificación de la realización del hecho penalmente relevante y la acreditación de la responsabilidad penal, al menos de forma primaria. En ese afán debe estructurarse el sistema investigativo”, afirmó.

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Senadora Lizarella Valiente. 

Asimismo, señaló que el relato fáctico es esencial para determinar en qué espacio y tiempo ocurrieron los hechos, ya que el artículo 1 del Código Penal exige que los hechos sean plenamente identificables. “La exposición de los hechos es fundamental, así como la determinación del tipo legal que ha sido vulnerado”, añadió.

En su intervención, el viceministro de Administración Financiera, Óscar Lovera, se refirió a los procesos de contratación del Estado y destacó que, con la implementación de la Ley Nº 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, se cuenta con una visión más integrada que abarca la planificación, lo presupuestario, el proceso de compras públicas, el registro de bienes y la evaluación de la compra.

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Legisladores que integran del bicameral. 

Sobre este punto, el director de Contrataciones Públicas detalló que la normativa prevé una adenda o modificación contractual de hasta el 20 por ciento y que el 55 por ciento de los contratos sufre modificaciones. “Nosotros encontramos que aproximadamente el 9 por ciento de cada contrato, en promedio, es objeto de adenda”, indicó.

El encuentro se realizó en la sala “Paz del Chaco” del Senado y contó con la presencia de los senadores José Oviedo, Lizarella Valiente y Patrick Kemper (de forma virtual), además de los diputados que integran la Comisión Bicameral.