La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, presidida por el senador Javier Zacarías Irún, se reunió este martes de forma conjunta con la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales. En la sesión se emitieron dictámenes favorables a dos acuerdos internacionales: uno suscrito con Estados Unidos y otro entre el Mercosur y la Unión Europea. Además, resalta la aprobación del proyecto de declaración de emergencia penitenciaria.

_{Reunión conjunta de comisiones para el análisis de varios temas.} 

Este encuentro se trató de la primera reunión del año legislativo, desarrollada en modalidad mixta. Participaron como invitados los ministros de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano; el de Industria y Comercio, Marco Riquelme; y el de Justicia, Rodrigo Nicora.

Acuerdo relativo al Estatuto de Fuerzas (SOFA) con Estados Unidos

El primer punto analizado fue el Mensaje Nº 359 del Ministerio de Relaciones Exteriores que remite el proyecto de Ley “Acuerdo entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo al Estatuto de las Fuerzas”, suscrito en Washington.

El canciller nacional Rubén Lezcano explicó que el instrumento regula la presencia temporal de personal militar y civil estadounidense para actividades previamente acordadas, como entrenamientos y ejercicios de asistencia humanitaria. Aclaró que el acuerdo no autoriza la instalación de bases militares permanentes, no implica cesión de territorio, no elimina responsabilidades penales ni vulnera la soberanía nacional, y se enmarca en la Constitución. Asimismo, toda actividad deberá contar con autorización y coordinación con las autoridades paraguayas competentes.

En materia de jurisdicción penal, indicó que Estados Unidos ejercerá jurisdicción sobre su personal bajo el principio de jurisdicción del Estado de origen. Según sostuvo, ello no implica impunidad, sino sometimiento a un sistema judicial operativo. Paraguay, añadió, mantiene la potestad soberana de autorizar, limitar o dar por terminada la presencia del personal extranjero.

_{Canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano.}

El Ejecutivo argumenta que el acuerdo permitirá fortalecer capacidades institucionales, mejorar la preparación frente a amenazas transnacionales y emergentes, incrementar la respuesta ante el crimen organizado, narcotráfico, terrorismo y riesgos tecnológicos, y consolidar al país como socio confiable en materia de seguridad hemisférica.

Durante el debate, legisladores plantearon objeciones sobre el alcance de las inmunidades, en particular respecto a contratistas, la aplicación de la Convención de Viena, la contratación de bienes y servicios bajo legislación estadounidense, así también el periodo establecido de permanencia de los afectados a este estatus, 

El canciller respondió que existen antecedentes similares en más de 50 países y que cada misión tendrá una duración determinada.

_{Vista general de senadores e invitados que asistieron a la reunión.} 

Tras un extenso debate, ambas comisiones dictaminaron favorablemente por mayoría el acuerdo. El proyecto figura en el orden del día de la primera sesión ordinaria de la Cámara Alta.

Acuerdo Mercosur–Unión Europea

Como segundo punto, se estudió el Mensaje Nº 361, referente al acuerdo comercial entre el Mercosur —integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— y la Unión Europea, suscrito en Asunción el 17 de enero de 2026.

El canciller señaló que el tratado establece una zona de libre comercio de más de 800 millones de habitantes, con una desgravación arancelaria del 95 % en un plazo de diez años por parte de la Unión Europea, en el marco del GATT de 1994. Lo cual calificó como “el acuerdo transnacional más importante del mundo”.

_{Senadores analizando el orden del día.} 

Por su parte, el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme destacó beneficios específicos para Paraguay, entre ellos cuotas adicionales para carne porcina, biocombustibles y azúcar orgánico, así como oportunidades para los sectores de autopartes, farmacéutico y maquila de servicios. También explicó la inclusión de mecanismos de salvaguardia bilateral con trato diferenciado para Paraguay.

Tras el intercambio de consultas, ambas comisiones emitieron dictamen favorable por unanimidad.

Emergencia penitenciaria

Posteriormente, la Comisión de Asuntos Constitucionales analizó el proyecto de Ley “Que declara en situación de emergencia todos los establecimientos penitenciarios y centros educativos del territorio de la República y establece los objetivos del Plan de Seguridad Penitenciaria con el concurso de las fuerzas públicas, y deroga la Ley Nº 7238/2023 y la Ley Nº 7420/2024”, presentado por varios diputados.

El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, señaló que la iniciativa prevé el acompañamiento de fuerzas de seguridad —Policía Nacional y Fuerzas Militares— en los 19 centros penitenciarios del país. Aclaró que la presencia militar será externa y no implicará intervención directa en el interior de los penales.

Informó que en 2025 la población privada de libertad era de 18.900 personas y actualmente asciende a 20.096, de las cuales 6.700 cuentan con sentencia firme.

_{Presencia del ministro de Justicia, Rodrigo Nicora.}

Detalló que el penal de Minga Guazú opera al 80 % de su capacidad, con posibilidad de albergar unas 400 personas más; el centro penitenciario Martín Mendoza al 20 %, con capacidad para aproximadamente 985 adicionales; y el nuevo complejo para mujeres, conocido como “El Comple”, al 51 %, con margen para entre 550 y 600 internas más.

No obstante, advirtió que la habilitación plena de estos establecimientos requiere personal penitenciario idóneo, así como profesionales de salud y apoyo —psicólogos, enfermeros y médicos—, dado que no existen recursos humanos suficientes para traslados internos.

El ministro sostuvo que la emergencia permitirá agilizar la contratación de personal, ya que los procedimientos ordinarios no responden a la urgencia actual. Subrayó que la política penitenciaria apunta a separar condenados de procesados, mejorar condiciones de reclusión, reducir el hacinamiento y reforzar la seguridad.

Recordó los motines registrados en Tacumbú y el posterior operativo Veneratio, aunque reconoció que dichas acciones no resuelven integralmente la situación de los 19 centros penitenciarios.

Al respecto, la senadora Yolanda Paredes respaldó el proyecto y solicitó la instalación de cámaras perimetrales y sistemas de bloqueo de señales de telefonía móvil para evitar estafas telefónicas desde las cárceles. La senadora Lizarella Valiente pidió datos sobre internos con sentencia e instó al Poder Judicial a acelerar los procesos para facilitar la reinserción social.

En este punto, la senadora Lizarella Valiente también intervino para expresar su respaldo al proyecto y reiterar la necesidad de fortalecer el sistema penitenciario con recursos humanos suficientes. Asimismo, exhortó al Poder Judicial a acelerar los procesos, señalando que contar con una resolución judicial firme es clave para la aplicación de programas de reinserción social.

También el senador Mario Varela calificó la iniciativa como estratégica para la seguridad interna y afirmó que el Estado debe dotar al sistema penitenciario de herramientas mínimas para enfrentar la especialización criminal intramuros.

Finalmente, el ministro de Justicia añadió que se están implementando medidas como el uso de polígrafo y sistemas de videovigilancia, aunque insistió en la necesidad de más personal. También destacó el componente de derechos humanos, al señalar que la reducción del hacinamiento es un objetivo central.

El proyecto obtuvo dictamen favorable por unanimidad y será tratado por el pleno este miércoles.

Autorización de salida de personal militar

Finalmente, se aprobó el Mensaje Nº 353 del Ministerio de Defensa Nacional que autoriza la salida de personal y medios aéreos de la Fuerza Aérea Paraguaya para participar en el Ejercicio Cooperación XI del SICOFAA, en Campo Grande, Brasil.