La Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por el senador Silvio Ovelar, recibió a representantes del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para evaluar un proyecto que plantea la obligatoriedad de adquisición de Certificados de Servicios Ambientales para instituciones públicas y, tras su estudio, se recomendó su rechazo.

_{Senador Silvio Ovelar, presidente de la Comisión.}

Se trata de proyecto de Ley “Que establece la obligatoriedad de adquisición de Certificados de Servicios Ambientales (CSA) por parte de las instituciones públicas y empresas del Estado para obras y actividades de alto impacto, mediante procesos de licitación por acuerdo nacional, en el marco de la Ley Nº 3001/2006”, presentado por varios diputados.

La iniciativa tiene por objeto establecer la obligatoriedad de adquisición de Certificados de Servicios Ambientales (CSA), conforme a la Ley N.º 3001/06 “De Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales”, para todas las instituciones del Estado paraguayo y empresas públicas que contraten obras o desarrollen actividades de alto impacto ambiental.

En representación del MADES, el director de Asesoría Jurídica, Armando Muñoz, señaló que la institución se encuentra abierta a eventuales modificaciones que fortalezcan el sistema de servicios ambientales. No obstante, advirtió que la propuesta, en su forma actual, podría generar dificultades en su implementación, por lo que no se recomienda su aprobación.

_{Representantes del MADES y del MEF.} 

Por su parte, el senador Pedro Díaz Verón indicó que la normativa ya se encuentra vigente y adecuadamente reglamentada, razón por la cual se aconseja el rechazo del proyecto.

En la misma línea, el senador Líder Amarilla expresó que la iniciativa constituye un caso de sobrelegislación, pudiendo incluso rozar la inconstitucionalidad al pretender regular a los municipios, que gozan de autonomía. En atención al dictamen del MADES, tampoco recomendó su aprobación.

Tras un amplio debate, la Comisión resolvió recomendar el rechazo del proyecto.