La Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural, presidida por la senadora Yolanda Paredes analizó dos proyectos de Ley vinculados a la expropiación de inmuebles, resolviendo emitir dictamen de rechazo en uno de ellos y postergar el estudio del segundo para un análisis más exhaustivo.

_{Reunión presidida por la senadora Yolanda Paredes, presidenta de la Comisión.} 

En primer lugar, se analizó el proyecto de Ley “Que declara de interés social y expropia a favor del Estado paraguayo – Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), para fines de la reforma agraria, el inmueble individualizado como finca Nº 130 del distrito de Saltos del Guairá (hoy Nueva Esperanza), departamento de Canindeyú, para su transferencia a título oneroso a favor de los actuales ocupantes”.

La propuesta presentada por el senador José Ledesma, responde a un interés social orientado a facilitar el acceso a la tierra para familias campesinas sujetas de la reforma agraria en el distrito de Nueva Esperanza. Asimismo, se indicó que el objetivo es permitir que el INDERT impulse el desarrollo productivo de dichas tierras.

No obstante, el proyecto obtuvo dictamen de rechazo, debido a que el inmueble en cuestión presenta nulidad en su inscripción como finca, lo que impide la prosecución del trámite legislativo.

Posteriormente, se examinó el proyecto de Ley “Que deroga la Ley Nº 6852 ‘Que modifica y amplía el artículo 2° de la Ley Nº 823/96, que declara de utilidad social y expropia a favor del Instituto de Bienestar Rural (IBR) un inmueble de 1.000 hectáreas para ser destinado a campesinos sin tierra del distrito de Juan E. O’Leary”, presentado por varios senadores.

Durante el análisis, se explicó que la propuesta busca derogar la Ley Nº 6852, sancionada con el objetivo de complementar disposiciones sobre la indemnización a los propietarios del inmueble expropiado mediante la Ley Nº 823/96.

Asimismo, se destacó que la iniciativa pretende garantizar el cumplimiento de dicha normativa, estableciendo que el pago se realice conforme al precio fijado en la ley original y no a valores de mercado actuales, lo que podría afectar los derechos de aproximadamente 300 ocupantes que ya abonaron sus lotes al INDERT bajo condiciones previamente establecidas. Incluso, se mencionó que algunos beneficiarios ya cuentan con títulos de propiedad.

Igualmente, se recordó la existencia de la Resolución Nº 207/99 del INDERT, que fijó el precio en guaraníes 700.000 por hectárea, monto que fue abonado por los adjudicatarios.

Finalmente, este segundo proyecto fue postergado, a fin de recabar mayor información y realizar un estudio más exhaustivo.