La Comisión de Salud Pública y Seguridad Social, presidida por la senadora Noelia Cabrera Petters, llevó a cabo una reunión virtual en la que analizó el proyecto de Ley “De la Secretaría Nacional del Adulto Mayor (SENAM)”. Durante el encuentro, los integrantes del ente asesor resolvieron postergar la emisión de dictamen, a la espera de informes solicitados a instituciones del Poder Ejecutivo.
Capatura de la reunión virtual de la Comisión.
Al respecto, el director de la Comisión, Abg. Carlos Zelaya, informó que aún se encuentran pendientes los informes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y del Ministerio de Desarrollo Social, documentos considerados necesarios para avanzar en el estudio de la propuesta legislativa.
Según la exposición de motivos, el proyecto propone la creación de la Secretaría Nacional del Adulto Mayor (SENAM) como una persona jurídica de derecho público, con carácter autónomo, autárquico y con patrimonio propio, que tendrá a su cargo la ejecución de políticas públicas y la prestación de servicios a nivel nacional dirigidos a las personas adultas mayores.
Asimismo, establece que las políticas impulsadas por la SENAM estarán orientadas a garantizar un envejecimiento digno, con respeto y autonomía; promover la participación activa en la sociedad, evitando el aislamiento y la exclusión; prevenir la discriminación, la violencia y los malos tratos; y asegurar el acceso a servicios de salud, nutrición y otras necesidades que favorezcan el bienestar integral.
Igualmente, se busca fomentar la vida independiente, la inclusión social y la educación a lo largo de la vida, así como promover la defensa de los derechos humanos de las personas adultas mayores.
Legisladores votando.
La propuesta legislativa fue presentada por los senadores Yolanda Paredes, Walter Kobylanski, Ignacio Iramain, Celeste Amarilla, Rafael Filizzola, Esperanza Martínez, Líder Amarilla, Ever Villalba, Lucía Mendoza, Rubén Velázquez, José Ledesma, Zenaida Delgado, Eduardo Nakayama y Mario Varela.
Finalmente, el director de la Comisión informó que fueron remitidos al archivo once proyectos de ley que datan de los años 2012 a 2020, los cuales han superado el plazo de cinco años establecido para su tratamiento, conforme a las disposiciones vigentes para la depuración legislativa.
