La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, presidida por el senador Derlis Maidana, se reunió en modalidad mixta para analizar diversos proyectos de Ley relacionados con inmuebles, programas para connacionales repatriados, exoneraciones tributarias y modificaciones al programa Hambre Cero. Durante la jornada participaron representantes de instituciones públicas, gremios y pobladores vinculados a los temas tratados.

_{Senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión, junto al senador Luis Pettengill.} 

La jornada contó con la participación de representantes del Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía y Finanzas, Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), además de pobladores y representantes de sectores involucrados en los distintos puntos tratados.

Como primer punto del orden del día, fue estudiado el proyecto de Ley “Que deroga la Ley Nº 6852/2021, que modifica y amplía el artículo 2° de la Ley N.º 823/96, que declara de utilidad social y expropia a favor del Instituto de Bienestar Rural (IBR) un inmueble de 1.000 hectáreas para ser loteado a campesinos sin tierra del distrito de Juan E. O’Leary”, presentado por varios senadores.

Durante el tratamiento, la senadora Yolanda Paredes, una de las proyectistas, sostuvo que se trata de una problemática histórica y compleja, en la que el INDERT desempeña un rol fundamental debido a la transferencia de inmuebles y a la superposición de títulos existentes en la zona.

Asimismo, señaló que actualmente existe una comunidad consolidada en el lugar, con infraestructura básica como caminos, energía eléctrica y centros educativos, donde numerosas familias desarrollan su vida cotidiana. Explicó que el objetivo del proyecto es derogar la normativa vigente y establecer mecanismos que permitan definir el valor de una eventual indemnización, ya sea mediante precio de subasta o conforme a lo que determinen las instituciones competentes.

_{Senadores presentes en la reunión.} 

Por su parte, el viceministro de Defensa Nacional, Lilio Rodolfo Cardozo Samaniego, manifestó que la institución mantendrá una postura de acompañamiento y apertura al diálogo durante el análisis del proyecto, resaltando la importancia de conocer la posición oficial del INDERT.

En representación del INDERT, la Dra. Claudia Rivas expresó que la institución cuenta con amplios antecedentes sobre el inmueble en cuestión y que actualmente se encuentran recabando informes relacionados con adjudicaciones y títulos de propiedad. Añadió además que la postura institucional es no realizar nuevos pagos, atendiendo a que el inmueble pertenecía originalmente al entonces Instituto de Bienestar Rural y posteriormente fue sometido a subasta por decisión de otras instancias estatales.

A su turno, el señor Jaime Peña, representante de los compradores de la subasta, manifestó que hace aproximadamente 30 años participaron del remate y adquirieron legalmente la propiedad, la cual —según indicó— no contaba con ocupantes en ese momento. Agregó que posteriormente surgieron ocupaciones y reclamos sobre las tierras, situación que derivó en el conflicto actual.

Igualmente, sostuvo que el INDERT se comprometió durante varios años a resarcir la inversión realizada, sin que hasta la fecha exista una respuesta concreta.

Posteriormente, el abogado Alberto Alderete, representante de los ocupantes, expuso que el inmueble perteneció originalmente al Instituto de Bienestar Rural y posteriormente fue transferido de manera gratuita al Ministerio de Defensa Nacional, cuando ya se encontraba ocupado por agricultores.

_{Representantes de las diversas Instituciones.}

Indicó además que posteriormente el inmueble volvió a ser transferido al Instituto de Bienestar Rural con fines de reforma agraria y recordó que el Congreso había aprobado una ley de desafectación, aunque posteriormente fue vetada por el entonces vicepresidente Ángel Roberto Seifart, durante la ausencia del expresidente Juan Carlos Wasmosy.

En ese contexto, sostuvo que el inmueble siempre perteneció al Estado y cuestionó la participación de particulares en la subasta pública. Asimismo, señaló que una eventual indemnización no debería establecerse a precio de mercado, sino limitarse al monto efectivamente abonado en el remate.

Tras un amplio debate entre los senadores presentes, la Comisión resolvió postergar la emisión del dictamen hasta contar con mayores informes y antecedentes sobre el caso.

OTROS TEMAS

Seguidamente, fue analizado el proyecto de Ley “Por el cual se crea el Programa Especializado para Repatriados y Connacionales, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores”, iniciativa con media sanción de la Cámara de Diputados y remitida por el Poder Ejecutivo.

En representación del Ministerio de Relaciones Exteriores, el viceministro Miguel Ángel Aranda manifestó que la institución acompaña en términos generales la versión aprobada por Diputados, aunque propuso algunas modificaciones de forma y nomenclatura.

Entre las sugerencias planteadas mencionó la exclusión del término “refugiados”, atendiendo a disposiciones legales vigentes, así como la sustitución de determinadas expresiones por conceptos más adecuados técnicamente.

Por su parte, el representante de la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales, Ever Medina, expresó el acompañamiento institucional al proyecto y propuso la incorporación de una estructura organizativa mínima que permita garantizar la prestación de los servicios previstos en la normativa.

_{Vista general.}