Legisladores constatan numerosas irregularidades en la penitenciaría de Tacumbú

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Legisladores que integran la Comisión de Derechos Humanos, presidida por senador Gilberto Antonio Apuril, realizaron visitas de observación y verificación a los diferentes centros penitenciarios del país; a raíz de las varias denuncias recibidas. El anuncio lo hizo el legislador en la sesión de la Cámara Alta ante el Pleno.

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Dijo además que se ha establecido un vínculo institucional con el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (MNP), con el cual se acordó realizar visitas conjuntas, con el fin de tener un diagnóstico sobre posibles situaciones de vulnerabilidad y violaciones de Derechos Humanos,  y apuntar así  al mejoramiento de condiciones de reclusión de las personas privadas de su libertad.

Comentó que como punto de partida, en fecha 26 de octubre de este año, en compañía de su colega, el senador Jorge Querey y funcionarios de la Comisión, se constituyeron en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, que al momento de la visita albergaba a más de 3.312 personas recluidas en los diversos pabellones.

“Hemos podido detectar puntos críticos, que merecen una intervención urgente de todos los actores políticos; como primer punto, la infraestructura, la misma no reúne las condiciones básicas de subsistencia; el nivel de hacinamiento.  En segundo lugar, hemos podido verificar el déficit en la atención médica y el acceso a medicamentos básicos para atender las necesidades de los reclusos. Asimismo, la alimentación provista no reúne las condiciones básicas para una alimentación adecuada”, citó el senador Apuril al momento de exponer brevemente sobre el tema.

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Agregó que preocupa en demasía que más del 80% de los reclusos entrevistados por funcionarios de la Comisión han manifestado no contar con abogados defensores, algunos inclusive, pese a estar en situación de reclusión durante meses desconocen el motivo. Una gran mayoría jamás ha participado de una audiencia ante un magistrado, por lo que solicitan mayor atención por parte de los Abogados del Ministerio de la Defensa Publica, ya que en su mayoría desconocen el estado de sus procesos, y se sienten abandonados por los profesionales del derecho.  

“Hemos escuchado también a los funcionarios penitenciarios, quienes han perdido los beneficios con que contaban, como ser bonificaciones por trabajo insalubre y bonificación familiar. Los mismos se encuentran en situación de riesgo ante potenciales conflictos con los internos ya que el número de agentes penitenciarios es insuficiente ante la cantidad de reclusos”, agregó. 

Por último, destacó que como Comisión de Derechos Humanos, se han propuesto trabajar en conjunto con el Mecanismo Nacional de Prevención contra la tortura, gestionando ante los actores de los diversos poderes soluciones puntuales y que puedan ser resueltas a corto plazo, con la finalidad garantizar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.