La Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales del Congreso Nacional (CONADERNA), que preside la senadora Zulma Gómez, conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, organizó una conferencia magistral denominada “La importancia de la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en América Latina y el Caribe – Acuerdo de Escazú”.
Del encuentro participaron los senadores Blas Lanzoni, Víctor Bogado, Hermelinda de Ortega, María Eugenia Bajac, Fernando Silva Facetti y Gilberto Apuril, además de la diputada Del Pilar Medina.
También estuvieron presentes, el Ariel Oviedo, ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible; Teresa Rojas, ministra de la Secretaría Nacional Anticorrupción; el viceministro de Justicia, Pascual Barrios, y otras autoridades.
La senadora Zulma Gómez, presidenta de la CONADERNA, explicó que la presentación del Acuerdo Regional sobre acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, firmado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, es un acuerdo regional vinculante entre 24 países de América Latina y el Caribe que busca garantizar: el derecho a un medio ambiente sano, el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana, la justicia ambiental y la protección a los defensores ambientales.
Recordó, la Legisladora que el Canciller nacional firmó el acuerdo en setiembre de 2018 en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas, y que pronto será estudiado en el Congreso Nacional para su ratificación.
“Desde el año 1992, y ante la promulgación de la nueva Constitución Nacional, el Congreso Nacional ha legislado cumpliendo el mandato Constitucional de un ambiente saludable para proteger nuestros recursos naturales, teniendo una importante legislación ambiental acorde con la tendencia mundial”, sostuvo la parlamentaria.
Asimismo, dijo que, con la socialización del Acuerdo se busca impulsar la ratificación del mismo a fin de garantizar que esté plenamente vigente el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, que establece lo siguiente: “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda”.
“Nuestro objetivo fundamental, es que el Congreso apruebe este Acuerdo lo más pronto posible”, puntualizó la senadora Gómez.
El objetivo del Acuerdo busca garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Por su parte, el ministro Ariel Oviedo, titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), expresó que es un proyecto que va cambiar mucho la situación en el país, en lo que refiere al medio ambiente y el desarrollo sostenible.
“Cabe resaltar que fue una iniciativa parlamentaria la Ley de transparencia e información pública. Ha nacido desde el Parlamento Nacional; en esa misma línea, en setiembre del año pasado, en la Asamblea de las Naciones Unidas, el señor Canciller en representación del Estado paraguayo, ha firmado el compromiso de asumir este Acuerdo de Escazú”, explicó el titular del MADES.
El Ministro resaltó que el acuerdo busca luchar y garantizar el derecho de todas las personas de acceder a la información y participar en las decisiones que tienen relación a sus derechos, y sobre todas las cosas, que lucha en contra de la desigualdad y discriminación.
El expositor internacional Carlos de Miguel, jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), resaltó que en el país son notables los progresos en materia ambiental. Mencionó que en el Acuerdo justamente señala como ver a la región, si se está avanzando y como entre países se puede mediar la situación ambiental.
“El acuerdo está sustentado en el fortalecimiento de capacidades y cooperación; no es un acuerdo sustentado en la sanción”, explicó el conferencista.
A su turno, el señor Ezequiel Santagada, del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), dijo que la mejor forma de abordar la problemática ambiental es con acceso a la información la participación y la justica, es la columna vertebral de un sistema jurídico político en materia ambiental.
Apoyaron esta iniciativa el Gobierno de Canadá, y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), el Grupo Banco Mundial y la Itaipú Binacional.
El evento se realizó en el Salón Acosta Ñu de la Honorable Cámara de Senadores.