La comisión de Derechos Humanos, presidida por el senador Gilberto Apuril, se reunió esta mañana con presentantes de la Policía Nacional, encabezado por el Comandante Crio. Gral. Insp. Gregorio Walter Vázquez, y representantes de la Fiscalía General del Estado, a fin de interiorizarse sobre los últimos hechos de violencia registrados durante el procedimiento de desalojo en la ciudad de Luque.

Cabe recordar que días atrás, unos dos mil efectivos de la Policía Nacional, encabezaron un desalojo de aproximadamente unas 700 familias, que residían en viviendas improvisadas en un predio de 68 hectáreas, perteneciente a la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO).

“Hay una suerte de disociación entre los argumentos de la fiscalía y la policía nacional. La fiscalía dice que no autorizó la destrucción de ninguna clase bienes, ya sea bienes precarios u otro tipo de materiales; ellos estaban allí para garantizar la evacuación de las personas”, expresó el senador Apuril.

Manifestó percibir ciertas contradicciones en el tema de que si fueron destruidas las viviendas por los mismos propietarios o los uniformados policiales.

“Ahora, la cuestión es quiénes destruyeron, porque los uniformados manifiestan que fueron los propios ocupantes que en su salida lo hicieron, pero también los videos nos muestra a ciertos policías destruyendo”, afirmó.

Gilberto Apuril comentó que el Comandante de la Policía Nacional informó a la Comisión que se iniciaron algunos sumarios administrativos dentro de la institución, a fin de determinar si hubo exceso de violencia durante el procedimiento.  

“Desde la Comisión vemos con preocupación la falta de protocolo de acción. Manifestamos que todos los policías se deben comportar de la misma manera, para darnos a los ciudadanos las garantías necesarias que necesitamos en materia de seguridad; le estamos otorgando el uso de las armas, al uso de la violencia legal, es por ello que nos gustaría ver que los protocolos se ejecuten”, lamentó el legislador.

Sobre el punto, agregó el senador, que en el caso que hubiera algún problema legal o que pudieran dar alguna modificación a leyes existentes, de manera a que puedan servir como herramientas jurídicas legales para que les permita un protocolo coordinado de procedimiento entre la fiscalía y la Policía Nacional, desde la Comisión se ponen a disposición.

“Existe un debate si la Fiscalía actuó de manera correcta o no, ellos se comprometieron a hacernos llegar todos los procedimientos que tienen, cuando eso llegue aquí estaremos constatando si realmente eso se cumplió o no en este caso”, finalizó.