La Comisión de Derechos Humanos, que preside el senador Gilberto Antonio Apuril, junto a su colega Georgia Arrúa, visitó este lunes, la Colonia “R.I. Sur”, Distrito de Juan E. O’Leary, departamento de Alto Paraná, con relación a una nota presentada por pobladores de la Colonia, en noviembre del año pasado. La Comisión resolvió remitir los antecedentes del caso al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), para su consideración.
Los pobladores expusieron sus inquietudes ante las autoridades presentes con el fin de buscar una solución al conflicto suscitado, el 21 de noviembre del 2018, donde señalaron la desaparición de la denuncia entablada ante la comisaría de la zona por los atropellos sufridos. Además, señalaron, el supuesto mal desempeño del fiscal Miguel Alvarenga, quien imputó a una persona inocente, según los denunciantes.
En ese sentido, los ciudadanos de esta colonia habían presentado una nota en la que solicitan la mediación del Senado, ante el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), la Comandancia de la Policía Nacional y el Ministerio Público.
En representación del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), asistió el señor Carlos García y el Comisario de la zona, José Duarte.
Antecedentes
Los pobladores denuncian que en fecha 22 de octubre del 2018, fueron víctimas de atropello a la propiedad privada por parte de aproximadamente 25 personas, quienes ingresaron en la casa de la Sra. Luisa Leite de Bays, con armas de fuego, machetes, honditas y palos con puntas de clavos, tratando de desalojarlos de sus tierras.
Las víctimas de este atropello pudieron reconocer a sus victimarios e identificaron a todos. También mencionan a un concejal municipal de la ciudad de Juan E. O´Leary, según la nota presentada ante la Comisión asesora del Senado.
Indica en el documento, que uno de los casos de violación de Derechos Humanos cometidos es la detención del Sr. Ari Inacio Bays y de su hijo Héctor Daniel Bays Leite; también se refieren al caso de Aldemir Bays Leite y Delio Ruperto Gayoso Miltos, quienes fueron detenidos en forma ilegal por parte de agentes de la comisaría jurisdiccional de la zona, por orden del fiscal que lleva la causa, abogado Miguel Alvarenga.
El grupo de pobladores de la Colonia denominada R.I. Sur, vive a 1.500 metros de la ruta Internacional N° 7, y nuclea aproximadamente a 35 familias. La colonia fue legalmente habilitada en el año 1995 por el Instituto de Bienestar Rural (actualmente INDERT); algunos con títulos de propiedad expedida por dicha institución, y otros, con solicitud de títulos.