La Comisión de Derechos Humanos, presidida por el senador Gilberto Antonio Apuril, sesionó en forma ordinaria en la fecha, dictaminando a favor del Proyecto de Ley “De reparación económica para niñas, niños y adolescentes víctimas colaterales de feminicidio”.
Este documento, presentado por el senador Derlis Osorio, plantea otorgar subsidio a hijos e hijas de mujeres víctimas de feminicidio, ya que son víctimas colaterales porque quedan en situación de vulnerabilidad por perder a ambos padres.
El proyecto plantea que la prestación establecida debe ser abonada por el Estado mensualmente, por un valor equivalente a 15 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas por cada beneficiario, con sus incrementos móviles conforme a la legislación vigente.
Las cifras de feminicidio en nuestro país en el 2018, da un total de 54 mujeres que fueron víctimas de feminicidio y fue elaborado por el Observatorio de la Mujer dependiente del Ministerio de la Mujer. Del total de feminicidios reportados en el año 2018, un 40,8 % fueron ejecutados por la pareja de la víctima y un 14,1 % por la expareja de la víctima, según el mencionado informe. Los casos de feminicidios en Paraguay han ido en aumento, y según datos oficiales, del 1 enero al 18 de marzo de 2019, se registraron 11 muertes y 24 intentos.
Otros temas
En la reunión, a la que asistieron además los senadores Jorge Querey, José Ledesma y Mirta Gusinky, fueron tratados otros temas, entre los que resalta la solicitud de varias comisiones y representantes de comunidades de distintas localidades, con relación a la problemática de la vivienda.
En ese sentido, se conversó acerca de la posibilidad de convocar a una audiencia pública en fecha a confirmar, a fin de tratar el tema sobre Procedimientos de Desalojos, Déficit y Alternativas de Políticas Públicas Habitacional en el Paraguay, con la participación de instituciones responsables del Poder Ejecutivo y Judicial, organizaciones sociales y la Fiscalía General del Estado.
La Comisión se munirá de las documentaciones y los antecedentes con relación a las ocupaciones irregulares que existen, así como los datos relacionados a los desalojos producidos en los últimos meses, de tal forma a plantear una postura al respecto, y dar así, efectiva respuesta a los ciudadanos recurrentes.