La Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del sistema Penal y Penitenciario, presidida por la diputada Rocío Vallejo, encabezó este lunes la audiencia pública en la que se analizó el “Control de la duración del procedimiento” de los artículos 136 al 142, del Código Procesal Penal. Asistieron los senadores Enrique Bacchetta y Desirée Masi.
Los artículos discutidos fueron el 136 duración máxima, 137 efectos, 138 prescripción, 139 perentoriedad en la etapa preparatoria, 140 queja por retardo de justicia, 141 demora en las medidas cautelares personales, resolución ficta y el artículo 142 demora de la Corte Suprema de Justicia, resolución ficta.
Al respectó, la diputada Vallejo, dijo que la propuesta mayoritaria es la que planteó el Poder Judicial con los argumentos expuestos de derogar el artículo 136, que hoy en realidad como se expuso es letra muerta. “Con todos los descuentos, no se cumple ese plazo razonable de los imputados, a lo que juegan es al plazo de prescripción material que corresponde al tipo penal”, expresó la legisladora.
La legisladora explicó que, al ser este punto tan delicado, la Conarep en su momento presentar las dos propuestas, donde se establece un plazo de cuatro años que es la propuesta de la Conarep anterior (2015), o mantener la redacción original y la propuesta del Poder Judicial, que es más realista.
En otro momento, aclaró que la Comisión no decide y que son propuestas que se van a elevar al Plenario, donde las Cámaras van a decidir, de acuerdo a las discusiones que se darán en su momento y el asesoramiento que reciba cada legislador en cuanto al punto, refiriéndose al artículo 136.
Asimismo, añadió lo que planteó el Poder Judicial, con la adhesión del Ministerio de la Defensa Pública, del Ministerio Público y el representante del senador Enrique Bacchetta, que es la derogación del artículo 136, que establece un plazo máximo de duración.
La audiencia se realizó en sala de sesiones de la Cámara de Senadores, con presencia de la ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carolina Llanes, representantes del Poder Ejecutivo, los abogados Marcos Kohn y Enrique Kronawetter; la Fiscalía, el Ministerio de la Defensa Pública y otros.
