El senador Blas Lanzoni, presidente de la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna), convoca a una mesa de trabajo interinstitucional para analizar y elaborar un anteproyecto de Ley sobre “responsabilidad extendida al productor”, normativa que exigirá a fabricantes de ciertos productos a organizar y financiar la gestión de los residuos derivados de sus productos.
La convocatoria está hecha para este miércoles 23 de octubre, a las 08:00 horas, en las oficinas de la CONADERNA, organismo que coordina este encuentro junto con la Comisión de Infraestructura del Parlamento del Mercosur.
Están invitados a participar representantes del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible; Ministerio de Industria y Comercio; Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
La mesa de trabajo servirá para que los funcionarios y técnicos de las instituciones convocadas realicen tareas de legislación comparada, especialmente con la normativa vigente en Chile, para posteriormente trabajar en la elaboración del anteproyecto de ley que deberá regir en nuestro país.
La ley en cuestión crea la responsabilidad extendida del productor, reconoce la legislación sanitaria existente en materia de gestión y establece nuevas competencias a los Ministerios para la gestión de residuos.
Se habla así de conceptos como ecodiseño; certificación, rotulación y etiquetado; sistema de depósito y reembolso; mecanismos de separación en origen y recolección selectiva; mecanismos para manejo ambientalmente racional de residuos; y mecanismos para prevenir la generación de residuos.
Introduce, además, principios como: el que contamina paga; gradualismo; inclusión; jerarquía en el manejo de residuos; libre competencia; participativo.
Otros principios que contempla son: precautorio; preventivo; responsabilidad del generador de un residuo; transparencia; trazabilidad.
De esta manera, la Conaderna impulsará una legislación novedosa para nuestro país, acorde con las nuevas necesidades de protección ambiental. En breve, además, se trabajará sobre otro proyecto de ley complementario, que tiene por objetivo regular la gestión de la denominada “basura electrónica”, es decir, aquellos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.