Los senadores Blas Lanzoni, presidente de la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (CONADERNA), y Hermelinda Alvarenga de Ortega, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, encabezaron una reunión virtual de la que participaron sus colegas Mirta Gusinky y Miguel Fulgencio Rodríguez, junto a representantes de distintas instituciones estatales y de organizaciones de pueblos indígenas. Como resultado de este encuentro, se determinó solicitar al INDI el mapa cartográfico y resoluciones que demuestren la presencia de la comunidad indígena en el lugar reclamado.
La reunión tuvo el objetivo de encaminar los reclamos de la Comunidad Loma, del Pueblo Guaraní Ñandeva, asentados en la zona de Infante Rivarola, distrito de Mariscal Estigarribia, en el departamento de Boquerón que piden a las autoridades la protección legal de sus tierras ante la deforestación de que son objeto por parte de terceros, así como la titulación de las mismas a favor de la comunidad.
Cada institución ofreció sus informes y puntos de vista en relación a la situación de las 10.079 hectáreas de tierras fiscales que son de dominio ancestral de la Comunidad Loma.
Los antecedentes dan cuenta que en el año 1984 el entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR) por Resolución P. N° 640/84 reconoció dicho dominio declarándolo Colonia Nacional Indígena. Sin embargo, hasta la fecha el ex IBR hoy Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), sigue sin titularlo a favor de la comunidad.
La situación se vio agravada con el otorgamiento de dicho inmueble a favor de tres personas, Miguel Angel Muñoz Armas, Kurt Friesen y Oskar Hein Ratzlaff, los que se han instalado en el lugar y comenzados proyectos de desarrollo a partir del año 2010, mediante licencias ambientales otorgadas por el Ministerios del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) sin contar con la posesión del título de propiedad.
Ya el pasado 11 de marzo, la CONADERNA recibió a una delegación de la Comunidad para escuchar sus planteamientos. El legislador Blas Lanzoni se comprometió entonces a acompañar las acciones y solicitó al MADES la inmediata suspensión de la licencia ambiental otorgada a los tres empresarios.
También solicitó al INDERT iniciar el proceso para la titulación de las tierras a favor de la Comunidad.
Por su parte, Mario Vega, presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), explicó que la institución emitió tres resoluciones (Res. N° 2413/11, 2414/11 y 2415/11) donde desestima la posibilidad de adjudicación de estas tierras a los tres ocupantes actuales por considerarlos no sujetos de reforma agraria e intimándolos a deponer la intención posesoria por constituir patrimonio de la Comunidad Indígena Loma.
La abogada Emilia Cano, representante legal de la Comunidad Loma, indicó que en el año 2013 la Comunidad presentó denuncia por invasión de inmueble ajeno ante el Ministerio Público, Regional Filadelfia, a cargo del entonces Fiscal Oscar Javier Talavera Labrano, en la Causa N° 103/13.
También, el abogado Víctor González, director Jurídico del Instituto Nacional Forestal (INFONA), refirió que su institución aplicó sanción por infracción forestal a los ocupantes por la deforestación de unas 565 hectáreas, ordenando asimismo la recomposición del daño causado.
La denuncia penal sobre tal hecho se encuentra a cargo del Fiscal Andrés Arriola en la Unidad de Filadelfia.
En tanto Catherine Alonso, directora de Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), refirió que la dirección a su cargo siguió todos los procedimientos administrativos conforme a la legislación vigente para conceder las licencias ambientales a los empresarios solicitantes.
Explicó el procedimiento y la documentación requerida para tal efecto y remarcó que se basaron en un mapa cartográfico provisto por el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) en donde no figura que exista algún territorio indígena en el inmueble afectado.
Igualmente indicó que, según registros satelitales, no existe deforestación en el lugar, pero sí la construcción de un camino.
El presidente del Instituto Nacional del Indígena (INDI), Edgar Olmedo, se comprometió a revisar la cartografía señalada más arriba y aseguró que acompañará todo el procedimiento a fin de que la situación llegue a buen puerto.
Como resultado de este encuentro, se determinó solicitar al INDI el mapa cartográfico y resoluciones que demuestren la presencia de la comunidad indígena en el lugar reclamado.
El INDERT deberá proveer al MADES las resoluciones de desestimación del pedido de posesión de tierras hecho en su momento por los empresarios arriba mencionados, y demás acciones jurídicas tendientes al levantamiento de medidas cautelares promovidas por los empresarios que pesan sobre el inmueble.
Tanto la CONADERNA como la Comisión de Pueblos Indígenas se comprometen a solicitar ante la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia una auditoría sobre las medias cautelares existentes.
