Ministro de Defensa y comandante de la Armada comparecieron ante Comisión

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La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, que es presidida por el senador Víctor Ríos, sesionó en línea este miércoles y recibió en audiencia al Gral. (S.R.) Bernardino Soto Estigarribia, ministro de Defensa Nacional y, a Carlos Dionisio Velázquez Moreno, comandante de la Armada Paraguaya.

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La reunión sirvió para informar sobre el hecho ocurrido el pasado 16 de julio, en un enfrentamiento a tiros que se registró en la zona San Miguel, de Ciudad del Este, y que derivó en el fallecimiento del suboficial de Tercera Infante de Marina, Marcos Gabriel Agüero González.

El ministro de Defensa inició su comparecencia ante la Comisión y lamentó la pérdida del joven uniformado en cumplimiento de su misión constitucional al cuidar y proteger el territorio fluvial del país.

Con respecto a las denuncias de tortura de parte de los civiles involucrados en el hecho, el ministro calificó como una acción premeditada de atentado contra las autoridades de la Marina, ya que, en estos últimos tiempos vienen realizando una certera tarea contra los malvivientes. Dijo que el incidente fue a modo de desmoralizar el trabajo que desarrolla la Armada Nacional.  

A su turno, el comandante de la Armada, Carlos Velázquez brindó un detallado informe del actuar del personal militar en esa fecha y calificó también como “premeditado” el atentado contra su personal.  Así mismo, leyó un informe cronológico de cómo sucedieron los hechos desde la noche del 15 y la madrugada del 16 de julio pasado.

CONSULTA DE LOS LEGISLADORES  

Los legisladores que integran esta Comisión, realizaron varias consultas a los comparecientes, entre ellos el senador Gilberto Apuril, quien pregunto  si se realizó la prueba correspondiente a la bala que hirió mortalmente al joven militar. El comandante precisó que no se realizó dicho peritaje, debido al vértigo que cobraron los hechos.

Los senadores Eusebio Ramón Ayala, Fernando Lugo y Pedro Santa Cruz coincidieron que los actos ocurridos en el Alto Paraná se deben separar en dos eventos; por un lado, el lamentable suceso que derivó en la muerte del militar y, otro, en las denuncia de tortura del que fueron objeto los civiles por parte de los uniformados.

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El senador Ayala manifestó que las denuncias contra los DD.HH. fueron realizadas por varias instituciones encargadas de la protección de las personas como la Defensoría del Pueblo a cargo de Blanca Segovia, así como de la Codeni de Ciudad del Este, que condenaron la actuación de las autoridades.

El Comandante de Armada, Carlos Velázquez, respondió entre otras cosas que para conocer acabadamente de lo que ocurrió ya se instruyó sumario y prontamente se dará a conocer el resultado. Sobre el mismo punto, el ministro también acotó que se está realizando la investigación y aclaró que la Armada Paraguaya, en ningún sentido, tolerará este tipo de actos.

Entre las consultas del senador Hugo Richer, estuvo, si desde qué momento los  responsables del operativo se comunicaron con el Ministerio Público. El comandante precisó que desde que se inició el operativo se le comunicó al Ministerio de lo estaba aconteciendo.

El senador Lugo, consultó sobre el protocolo de actuación que tiene la Armada ante estos hechos  y la manera en que se coordinan los operativos con personal de la Aduana y la Fiscalía. También preguntó si se tiene identificados los puertos clandestinos situados en la rivera del Alto Paraná.  Asimismo, advirtió  que las denuncias de torturas ya transcendieron a nivel internacional.

Al respecto, el comandante compareciente afirmó que existe un protocolo de actuación y que las investigaciones deben ser realizadas por el órgano competente como es el Ministerio Público. Afirmó también que la Marina tiene ubicado todos los puertos clandestinos.

A su turno, el senador  Javier Zacarías Irún consultó porqué  no se destruyen estos puestos que para los pobladores de Ciudad del Este no son clandestinos, sino todo lo contrario, son totalmente ubicables y no superan la cantidad 13 sitios, sobre el Río Paraná.

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El comandante de la Marina respondió que estos puertos, mal llamados clandestinos no pueden ser destruidos debido a que son pasos normales utilizados por los pobladores de esa parte del país.

Más adelante, el senador Pedro Santa Cruz consultó si a qué hora se constituyó la Fiscalía en el local de la Marina. El comandante Velázquez contesto que fue a las  9 de la mañana para indagar a los detenidos, así como realizar las imputaciones y se ordenó la liberación de los menores que estaban en el lugar.

El senador Víctor Ríos pidió a los comparecientes remitan a la Comisión la copia del protocolo de actuación de la Armada, y consultó sobre los conocimientos del protocolo de DD.HH. que manejan los uniformados.

El Ministro respondió que durante toda la carrera militar, desde la Academia, los uniformados desarrollan materias sobre DD.HH., que primero se implementa en forma práctica de manera interna, en el trato mismo y luego, con los civiles, en lo externo.

El almirante Carlos Velázquez contestó también al senador Víctor Ríos a su consulta si se permitió que la policía actúe en conjunto con los militares esa noche del 16 de julio, y dijo que toda la tarea se desarrolló con el acompañamiento de la policía nacional.

El alto exponente militar destacó también, durante la charla con los legisladores, la necesidad de contar con más personal y apoyo técnico con tecnología de punta a fin de realizar trabajos en forma más efectiva contra los malvivientes.  

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OTROS TEMAS TRATADOS

Posteriormente, los senadores prosiguieron la reunión con el tratamiento de los temas incluidos en el orden del día. En ese sentido, dictaminaron no hacer lugar al veto parcial al Mensaje N° 389 del Poder Ejecutivo vía Ministerio de Hacienda, por el cual remite el Decreto N° 3652 “Por el cual se objeta parcialmente el proyecto de ley N° 6534/2020 ‘De protección de datos personales crediticios”.

Los  legisladores aconsejan rechazar la objeción parcial del Poder Ejecutivo, amparados en las leyes constitucionales que resguardan la información de carácter privado que tienen las personas y, porque atenta al carácter de igualdad que posee todo individuo.