La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, emitió un dictamen favorable para el proyecto de Ley que busca modificar y ampliar la Ley de Contrataciones Públicas, de manera a extender el alcance de las sanciones a los accionistas, directores y administradores de las empresas proveedoras del Estado. El documento fue presentado por el propio presidente de comisión, senador Sergio Godoy.

Se trata de la iniciativa “Que modifica y amplía el artículo 40 de la Ley N° 2051/2003 ‘De Contrataciones Públicas y el artículo 1° de la Ley N° 3439/2007 ´Que modifica la ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas y establece la carta orgánica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas”.

Cabe mencionar que, con la normativa actual, cuando el propietario de una empresa es sancionado por la Dirección General de Contrataciones Públicas, tiene la posibilidad de abrir otra firma del mismo rubro cuestionado, y volver a concursar en una licitación, lo que se considera inescrupuloso por el proyectista. En contrapartida, el documento presentado, agrega prohibiciones para directores, gerentes, socio gerentes, cuentapropistas y otros, que tengan relación con las empresas sancionadas.

En otro orden de cosas, los senadores, miembros de Legislación, aconsejaron la ratificación de la Cámara Alta por la aprobación del proyecto de Ley “Que establece la obligación de los altos funcionarios del Estado de presentar Declaración Jurada de Intereses’, y modifica el artículo 9 de la Ley 276/94 ‘Orgánica y funcional de la Contraloría General de la República”, rechazado por Diputados.

Durante el tratamiento, fueron expuestos los motivos del rechazo de la cámara revisora, entre los que figura un aumento presupuestario importante para la Contraloría General de la República, falta de claridad al definir Conflicto de Intereses, y la ausencia de configuración como delito penal, en lugar de imponer multas cuando se dé el mentado conflicto de intereses. Los cuestionamientos al documento fueron comprendidos, sin embargo, los senadores reclamaron que, como Cámara revisora, Diputados se haya limitado sólo a criticar el texto y no a modificarlo para mejorar la redacción.

Por otra parte, se expidieron por la aprobación del veto del Ejecutivo al documento “Que amplía la tarifa social de energía eléctrica”.