La Comisión Nacional para el estudio y acompañamiento de las negociaciones de la revisión del Anexo C de Itaipú Binacional, entre los gobiernos de la República del Paraguay y la República Federativa del Brasil, presidida por el senador Enrique Bacchetta, se reunió en la fecha para abordar el informe final del examen especial a la deuda de la Entidad Binacional Itapú, realizada por la Contraloría General de la República (CGR).
Senador Oscar Salomón, presidente de la Cámara Alta; el legislador Enrique Bacchetta y el diputado Justo Zacarías Irún.
Del encuentro participaron los titulares de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, el senador Oscar Salomón y el diputado Pedro Aliana, respectivamente; Camilo Benítez, contralor general de la República; Juan Caballero, procurador general de la República; la fiscala General del Estado, Sandra Quiñonez; así como diputados y parlamentarios de Mercosur.
“En el 2023 tenemos la misión de revisar el Anexo C, en donde los dos países (Paraguay y Brasil) deben llegar a un acuerdo que beneficie a ambas naciones”, expresó el senador Enrique Bacchetta al iniciar el encuentro.
Por su parte, el contralor general de la República, Camilo Benítez Aldama, mencionó cronológicamente cómo se realizó el informe. Detalló que desde el año 2009, las altas partes contratantes habían referido que se podía encomendar a la CGR la realización de un examen especial a la deuda de Itaipú y, fue así que desde ese año se ha intentado culminar con ese trabajo de fiscalización.
“Esta labor tuvo dos avances de informe, primero en el 2011 no pudo concluir por la falta de provisión de documentación por parte de Itaipú. En el 2012 se sacó el segundo avance de informe que sí tuvo unas conclusiones muy relevantes, como ser, por ejemplo, lo tiene que ver con la generación de la deuda ilegal como consecuencia de la reducción de la tarifa en contradicción de lo que establece el Anexo C”, explicó el alto funcionario.
Autoridades nacionales que comparecieron ante la Comisión Nacional.
Asimismo, agregó que, en el año 2020, al asumir el cargo de contralor tomó el desafío de concluir este informe y que las documentaciones no solo fueron remitidas por la Itaipú, sino también por la Cancillería y que gracias a ello han podido confirmar ciertas observaciones que están en el informe final.
El contralor afirmó que sostienen que la deuda es ilegal, porque se pueden observar en el informe final todos los pagos demás que se dieron ya desde el año 1986; además el beneficiado solo fue Eletrobras (Brasil), lo que generó un perjuicio para nuestro país. “Creemos que es un informe que puede servir al Paraguay, a las personas que tengan la responsabilidad de negociar durante la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú para el 2023”, remarcó.
A su turno, el fiscal Marcelo Pecci, quien conforma el equipo de fiscales que investiga el caso, informó a los legisladores que se inició una causa por la eventualidad que pueda tener el caso, sobre el examen especial a la deuda de Itaipú. Y que solicitarán a la Contraloría que remita todos los documentos de las conclusiones que hayan servido de base. “La labor del Ministerio Público es técnica y se debe verificar la ley aplicable”, acotó.
Igualmente, intervinieron varios senadores para dar su postura sobre este tema, coincidiendo en que el informe debe ser tenido en cuenta por el equipo negociador con miras a la revisión del Anexo C de Itapú, en el 2023.
Senadores y diputados conectados a través de la plataforma virtual.
CONCLUSIONES
El senador Enrique Bacchetta expresó que lo abordado en el encuentro puede servir de cabeza de proceso para que la Fiscalía haga su trabajo y, en paralelo, para que la Procuraduría empiece a articular alguna defensa del patrimonio de la República del Paraguay.
Asimismo, agregó que lo primero que se debe hacer es una investigación a fondo, determinar si realmente en base al principio de legalidad existen hechos punibles en la actuación de los diferentes miembros que ocuparon Itaipú desde el tiempo de que habla el informe. “Entonces, a raíz de eso nosotros tenemos que empezar a ver si prescribió o no la casusa”, explicó el legislador.
Añadió que, al convocar a este tipo de reuniones lo que hacen es dar información a la ciudadanía, y que evidentemente la Fiscalía ya tomó la decisión de iniciar una investigación de oficio. “Que esto sirva de investigación objetiva para la Fiscalía, para que se llegue realmente a los responsables”, destacó.
El diputado Pedro Aliana, titular de la Cámara Baja (en el centro).
Igualmente, anunció que la Comisión se interiorizará permanente de lo que ocurre, opinó así mismo que se debe consultar a las altas partes si van a utilizar el informe para la revisión del Anexo C, en 2023.
La reunión se llevó a cabo en la sala de sesiones del Congreso Nacional, en modalidad presencial y virtual (en línea), y fue transmitida en vivo por las plataformas oficiales tanto de la Cámara de Senadores como de Diputados.