Asesores de la Comisión de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible, que preside el senador Sixto Pereira, informaron que los trabajos de verificación en la cuenca del río Tebicuary evidenciaron que la institución responsable del manejo de los recursos hídricos, poseen un reducido conocimiento de las normas ambientales.
Verificaciones realizadas por técnicos de la Comisión.
En ese contexto, el ingeniero Víctor Benítez, responsable de la misión técnica del Senado, en el informe sobre las actividades desarrolladas desde el 31 de enero al 2 de febrero, refirió que se dejó constancia en el acta de procedimiento fiscal de que las tareas de verificación y acompañamiento realizadas son de carácter técnico, en seguimiento a las denuncias hechas ante la Comisión de Energía y Recursos Naturales de la Cámara Alta.
“Nuestra misión es netamente de carácter técnico, dejamos constancia en el acta que nos preocupa la acusación de un servidor público de un poder del Estado”, expresó el Ing. Benítez, al desmentir acusaciones de un fiscalizador del MADES sobre el uso indebido de vehículos de la Cámara de Senadores, utilizados exclusivamente para el traslado de los técnicos a efectos de su movilidad durante los trabajos de campo.
Cabe destacar que, según los profesionales de la Comisión de Energía, el río Tebicuary presenta un importante deterioro ecológico, lo cual genera conflictos socio-ambientales a causa de la escasez de agua en la región.
Durante la jornada, los intervinientes pudieron observar irregularidades en establecimientos
Otro dato señalado por el responsable de la misión técnica de la Comisión asesora del Senado, es que técnicos del MADES no brindan la información correcta y precisa a los propietarios de establecimientos, quienes suponen que la declaración de impacto ambiental es el permiso para la obtención de la licencia ambiental, cuando en realidad dicho documento es un requisito previo.
“Nos hace suponer que no hay mucha rigurosidad en las fiscalizaciones o intervenciones de los técnicos de la institución (MADES)”, refirió.
VERIFICACIONES
Con acompañamiento del Ministerio Público, los técnicos y fiscalizadores ingresaron al establecimiento agropecuario y de cultivo de arroz, de la estancia Salitre Cue, a fin de verificar las condiciones en las que se encuentra el lugar.
Los técnicos de la Comisión de Energía y Recursos Ambientales de la Cámara Alta, dejaron constancia del incumplimiento de lo establecido en los artículos 32 y 41 de la Ley 3239/07 “De los recursos hídricos del Paraguay”, y agregaron que el encargado del establecimiento presentaron documentos como ser, la Declaración de Impacto Ambiental y el Plan de Gestión Ambiental.
Otra jornada de verificación se llevó a cabo en el establecimiento agrícola AGROZAFRA S.A.
En el lugar, los técnicos pudieron apreciar restos de peces recientemente muertos, extracciones de recientes bombeos y sedimentos de corrientes que probablemente provienen del cauce hídrico. Por ello, los profesionales recomendaron sacar de funcionamiento las motobombas flotantes en caso de comprobar el incumplimiento de la Resolución 511/16 del MADES “Por la cual se regula la Extracción de Agua por Bombeo para el Regadío de Cultivo de Arroz en la Cuenca del Río Tebicuary”.
La verificación in situ se realizó en el distrito de Gral Artigas, departamento de Itapúa.
Sobre el punto, el ingeniero Víctor Benítez acotó que la vegetación del lugar, posee una inclinación a causa de la presión ejercida por las bombas sobre el río, a raíz de ello, solicitó al encargado del lugar las documentaciones correspondientes, a fin de cumplir con lo expuesto en la normativa ambiental nacional.
Finalmente cabe destacar que, las conclusiones de las verificaciones realizadas por la misión técnica, serán presentadas por el presidente de la Comisión de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible, senador Sixto Pereira, en una audiencia pública donde serán convocados los ministros del MADES y de Agricultura y Ganadería; así como autoridades departamentales y municipales; propietarios de los establecimientos y representantes de las organizaciones denunciantes.