Estudian dos propuestas legislativas de índole procesal penal

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El senador Fernando Silva Facetti, miembro de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, encabezó una mesa de trabajo para debatir los proyectos de ley que hacen referencia al artículo 420 de la Ley N° 1.286/1998 "Código Procesal Penal” y el "Que establece el nuevo régimen unificado de recusaciones contra ministros de la Corte Suprema de Justicia y magistrados Judiciales en los distintos fueros de la justicia ordinaria”.

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El senador Fernando Silva Facetti, propulsor de la mesa de trabajo.

Al respecto, el legislador explicó que son dos proyectos de índole procesal penal; el primero sobre el artículo 420, que refiere al procedimiento abreviado que es una figura que está en el Código Procesal Penal como una solución rápida a un litigio judicial penal desde el año 98, “pero lastimosamente encontramos que debiendo ser algo muy utilizado, es muy poco utilizado o para casos muy pequeños”, expresó.

En ese sentido, mencionó que realizaron un estudio científico en la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, de la situación de las mujeres privadas de libertad y vieron que muchas están sin sentencia y eso se transporta a la situación de los presos, de los cuales un 80% no tienen sentencia y están privados de su libertad, lo que representa a unas 16.000 personas.

“Es una herramienta muy interesante lo que estamos tratando de ver y también en base a lo que ya se analizó en la Comisión de Reforma Penal de ver cómo hacer más eficiente esta herramienta procesal establecida para los casos, por ejemplo, de flagrancia”, expuso.

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Autoridades invitadas que asistieron al encuentro.

Con ello, dijo que, se evitarían las tres etapas del proceso; es decir, la investigación, la audiencia preliminar y el juicio oral, a fin de establecer una sentencia a la persona que cometió un hecho en flagrancia. “La justicia tiene que ser pronta y barata, como manda la Constitución. “Entonces, estamos en esa discusión y yo estoy seguro que vamos a sacar algo que va a ayudar a ser más utilizable, más ágil con la figura del procedimiento abreviado”, sentenció el legislador.

PROYECTO ANTICHICANA

Por otro lado, mencionó que trataron el proyecto conocido como “antichicana” que modifica varios artículos de varias de varias leyes referente a los plazos y a las consecuencias de la recusación del juez.

Explicó que, "la misma se usa para la recusación o acusación, en algunos casos los magistrados para llevar a exponer al interminable proceso que nunca acaban y eso obviamente viene afectando la imagen de la justicia y al sistema”. El proceso antichicana realmente se refiere a la recusación, que es utilizado como un mecanismo para prolongar plazos.

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Agregó que están buscando, en base a la propuesta de la Corte, la manera en que pueda ser aplicada en todas las instancias y para todas las ramas del derecho, ya sea laboral, civil, penal, etc. una renovación de este de instrumento procesal que sea transversal, que le pueda servir a todos.

“Vamos a ver a qué punto podemos llegar con las partes o con la proponente que es la Corte Suprema de Justicia, con los asesores y abogados que también quieren precautelar el derecho a poder impugnar a un juez que ellos, por algún criterio, consideren que no va a ser imparcial”, refirió.

Finalmente, enfatizó que buscarán estas dos herramientas sin afectar los derechos constitucionales que tienen todos los ciudadanos según la propia Constitución.

Ambas propuestas fueron presentadas por los senadores Fernando Silva Facetti, Desirée Masi, Gilberto Apuril y Sergio Godoy.

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Ministros del Poder Judicial, asistieron en forma virtual. 

Del encuentro participaron la senadora Desirée Masi; Víctor Ríos, Carolina Llanes y Manuel Ramírez Candia,  ministros de la Corte Suprema de Justicia; representantes de la Fiscalía General; Lorena Segovia, de la Defensoría Pública; las juezas de Sentencia Claudia Criscioni y Yolanda Morel; Cecilia Pérez, ministra de Seguridad y la diputada Rocío Vallejo, presidenta de la Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del Sistema Penal y Penitenciario (CONAREP); como así también, asesores de la Cámara de Senadores.