Senadora Blanca Ovelar.
La senadora compartió algunos datos de la medición que se realizó en nuestro país, “que debe llevarnos a pensar en la promoción de nuevos instrumentos para que el Estado tenga de moda promover la garantía de la nutrición y la adecuada alimentación de la gente como un derecho humano básico”, refirió.
Mencionó que, en mayo de este año el Instituto Nacional de Estadística (INE), con apoyo de la FAO, ha lanzado esta primera medida de la inseguridad alimentaria en el Paraguay, utilizando el instrumento FIES (Food Insecurity Experience Scale), por sus siglas en inglés.
El FIES mide el módulo de encuesta de la “Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria”, que consiste en ocho preguntas relativas al acceso de las personas a una alimentación adecuada y permite generar estimaciones sobre la gravedad de la inseguridad alimentaria experimentada por los hogares e individuos.
También permite obtener el porcentaje de la población con inseguridad alimentaria de moderada a grave y el porcentaje de la población con inseguridad alimentaria grave.
En ese sentido, la senadora expresó su preocupación por que un 9% de la población tiene hambre y esto se agravó con la pandemia. En América Latina, el 7,8% de la población latinoamericana, que hace unos 50,7 millones de personas, tienen hambre en nuestra región y en el Paraguay, el 8,7% de la población, o sea, 639.7 mil personas tienen hambre. “Estas cifras representan un escándalo, en un país donde hay una producción enorme de alimentos”, manifestó.
Cuadro de datos presentado ante el Pleno.
Seguidamente, la legisladora presentó los resultados de prevalencia de la inseguridad alimentaria en hogares, según por departamento que se realizó en el año 2021. En San Pedro se tiene uno de los más altos índices que es 26,89%; Caaguazú el 25,79%; Caazapá 37,55%; Itapúa con 33,63%; Alto Paraná 23,93%; Central 23,06%; Asunción 13,25% y el resto 24% en promedio.
Asimismo, sostuvo que la inseguridad alimentaria moderada o grave afecta más a los hogares que se encuentran en áreas rurales, el 30% de los hogares que tienen inseguridad alimentaria son rurales y 23% área urbana. Los departamentos del país más afectados por la inseguridad alimentaria moderada grave son San Pedro, Caazapá e Itapúa.
También indicó que los resultados arrojaron que, los hogares liderados por mujeres, experimentan mayor inseguridad alimentaria que, los que tienen jefes de hogares masculinos.
“Aquí hay un reto político y un reto moral que tenemos que asumir como clase política y revisar la implementación de un conjunto de leyes que deberían de garantizar la seguridad alimentaria, pero de hecho no lo están haciendo”, expresó.
Igualmente, agregó que la misión que tienen como parlamentarios es el control político de las leyes que sancionan, porque la pobreza genera un círculo vicioso, doloroso, que cuesta romper.
Finalmente, resaltó que el Frente Parlamentario contra el Hambre, ha trabajado en un proyecto de ley, que fue presentado sobre el derecho humano a la alimentación, para una vida activa y sana.