Los senadores Sixto Pereira y Jorge Querey de la Bancada del Frente Gusu, acompañaron a miembros de la denominada Contraloría Ciudadana Cordillerita, conformada por pobladores de Nueva Colombia, Loma Grande, Altos y San Bernardino, quienes solicitaron el acompañamiento legislativo y técnico por parte de las comisiones asesoras permanentes de: Salud Pública; Energía y Recursos Naturales; Derechos Humanos y Asuntos Departamentales y Municipales, ante la problemática suscitada entre la empresa Archer S.A y los mencionados distritos del Departamento de Cordillera.

El tema fue presentado en una conferencia de prensa, donde el senador Sixto Pereira, expresó que han  planteado una  mesa de trabajo entre todas las partes involucradas para la formalización de la contraloría ciudadana entre varias comunidades “es una cuestión importante del propio derecho de los afectados, de exigir que haya tratamiento en este tema para precautelar esos problemas que se generan en la población”, remarcó el legislador.

Mencionó que  han  convocado a las instituciones pertinentes para el caso y se ha solicitado que se suspenda hasta tanto se regularice la situación de la empresa Archer.  

“Nosotros exigimos que haya un nuevo estudio de impacto ambiental con la participación de todos en el proceso con las autoridades locales, la Secretaría del Medio Ambiente (SEAM), la empresa, pobladores afectados y la contraloría, para que haya transparencia y tranquilidad entre todas las personas afectadas, esa es la propuesta que planteamos”, añadió el senador Sixto Pereira.

Por su parte, el señor Gustavo Taboada, presidente de la Contraloría Ciudadana Cordillerita, manifestó, que la empresa Archer S.A. empezó a funcionar en noviembre de 2017 de manera totalmente irregular, sin los permisos correspondientes. Agregó que, en cuanto a las normas internacionales de seguridad ambiental, los pobladores han hecho manifestaciones e incluso lograron que se cierre la fábrica en el mes de febrero, pero posteriormente mediante acciones judiciales fue nuevamente reabierta.

El poblador recordó que en el mes de junio del 2018, se ha vuelto a cerrar la fábrica por disposiciones municipales y la SEAM y en contexto se tuvo un nuevo esquema de trabajo, logrado a pedido de los lugareños, quienes solicitaron la mediación del Congreso Nacional y ello permitió establecer la mesa de diálogo y de trabajo con las diferentes comisiones asesoras.

“En este momento, está cerrada la fábrica por disposición de la SEAM, las disposiciones municipales de Nueva Colombia y Loma Grande, mediante resoluciones han avalado el cierre de la fábrica hasta tanto se hagan y presenten todos los requerimientos en cuanto en tecnología de captación de gases y otros, para seguridad ambiental debido a los olores nauseabundos que emana esa fábrica”,  expresó Taboada, quien agregó que se ha comprobado que la contaminación afecta hasta 3 kilómetros a la redonda, inclusive. 

Igualmente, el señor Taboada remarcó que las prohibiciones para la empresa siguen vigentes, por lo cual los pobladores de los municipios afectados  -y a través de los representantes de la Contraloría Ciudadana conformada- reiteran su compromiso e interés en la participación de una mesa de diálogo y trabajo con las partes involucradas, como ser SEAM, Intendentes, Ministerio de Salud, Comisiones Asesoras del Congreso, así como con los representantes de la empresa Archer S.A.

El representate de la Coordinadora puntualizó que han remitido una nota formal al presidente del Congreso Nacional, senador Silvio Ovelar, solicitando continuar con el acompañamiento legislativo y técnico de la Cámara Alta, "en defensa de la salud, los derechos humanos y el medio ambiente".