Los senadores Enrique Salyn Buzarquis y José Ledesma, encabezaron este martes una audiencia pública, donde socializaron el proyecto de Ley “Que establece el destino de inmuebles rurales y urbanos sujetos a la Ley Nº 5.876/2014 ‘De administración de bienes incautados y comisados’ y deroga la Ley Nº 6.396/2019”.

_{Los senadores Enrique Salyn Buzarquis y José Ledesma.} 

En sus palabras de apertura, el senador Enrique Salyn Buzarquis afirmó: “El interés principal es la tierra incautada al crimen organizado. Hoy, muchas de estas propiedades están en manos de SENABICO, pero terminan siendo rematadas y compradas por gente con poder económico, incluso vinculada al crimen. Queremos que esas tierras se destinen directamente a la reforma agraria, como lo establece el Estatuto Agrario”. 

También enfatizó que el espíritu de la Ley es evitar que los bienes mal habidos vuelvan a personas vinculadas al crimen organizado “SENABICO puede hacer un remate y termina ganando alguien cercano a grupos delictivos. Eso queremos cambiar. Es hora de hacer justicia social con las tierras que provienen del crimen”, sostuvo. 

_{Vista general de los presentes.} 

Por su parte, el senador José Ledesma, se refirió a la importancia de instalar el estudio del proyecto en la Plenaria y avanzar con el trabajo técnico junto a SENABICO. “Nuestro compromiso es trabajar esta propuesta con seriedad, con la participación de todos los sectores afectados y coordinando con las instituciones responsables. Es un proyecto ambicioso, pero necesario para dar una respuesta concreta a las demandas históricas del campo paraguayo”. 

Durante la audiencia, Elvio Benítez, representante de la Coordinadora Interdistrital de Sin Tierras, pidió que se priorice a las familias campesinas, afirmando que, “los productores sin tierra no tienen forma de adquirir estos bienes mediante subastas”. Añadió que las negociaciones con el Ejecutivo se vieron interrumpidas, por lo que, decidieron acudir al Congreso.

En la misma línea, Celso Palacios, presidente de la Coordinadora Interdistrital de Sin Tierras, señaló que, “en el Segundo Departamento hay más de 17.000 campesinos sin tierra” y reclamó que los terrenos confiscados a narcotraficantes no sean cedidos a estos sectores vulnerables. 

Juana Casuriaga, del Partido Convergencia Popular Socialista, dijo que, “este proyecto de Ley es una oportunidad para reivindicar esa deuda histórica que se tiene con este país. Es una oportunidad para hacer posible que la tierra sea socializada a toda la población paraguaya”.

POSTURA DE SENABICO

El asesor jurídico de SENABICO, Gonzalo García de Zúñiga, explicó que la institución solo administra los bienes según la normativa vigente y que cualquier modificación debe surgir desde el Congreso. Aclaró que SENABICO no tiene capacidad para incautar ni comisar propiedades, y que actúa únicamente como ente administrador bajo principios de transparencia y libre competencia. 

Asimismo, subrayó que la recuperación de activos busca debilitar el brazo económico del crimen organizado y que desde 2018 se lograron avances importantes gracias a la cooperación entre la SENAD, la Policía Nacional y organismos internacionales. Añadió que los bienes alquilados por la SENABICO son entregados previa verificación de antecedentes penales, judiciales y, en muchos casos, con informes de Interpol. 

SOBRE EL PROYECTO 

El objetivo principal de este documento es establecer una nueva política de uso de los bienes inmuebles incautados al crimen organizado, priorizando su destino a procesos de reforma agraria y a la reivindicación de tierras ancestrales para pueblos indígenas, en concordancia con los capítulos IX y V de la Constitución Nacional. 

En su artículo 1, la propuesta establece que los inmuebles incautados serán transferidos al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) o al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), dependiendo del tipo de beneficiario. 

Además, plantea modificar el artículo 46 de la Ley Nº 5.876/2014 para redistribuir los recursos generados por la administración de estos bienes. La administración de estos fondos estará a cargo de un consejo interinstitucional que se constituirá por decreto reglamentario.

El encuentro contó con la participación de representantes de organizaciones sociales, líderes campesinos y el director general de Asesoría Jurídica de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Decomisados (SENABICO), Gonzalo García de Zúñiga. La actividad se realizó en la sala de sesiones del Congreso Nacional.