En conferencia de prensa, la senadora Esperanza Martínez presentó el proyecto de Ley “Que modifica el artículo 255 de la Ley 213/93 que establece el Código del Trabajo, y deroga el artículo 256 del mismo”, en lo referente al mecanismo de ajuste del salario mínimo legal, incorporando un nuevo criterio que priorice el bienestar de los trabajadores.

_{La senadora Esperanza Martínez, en conferencia de prensa explicando el proyecto.} 

La iniciativa busca, según explicó la legisladora que, al momento de calcular el ajuste del salario mínimo, se priorice el índice de precios al consumo de alimentos por sobre el índice general, ya que este último no refleja con precisión el aumento real del costo de vida, especialmente para las familias de menores ingresos, que destinan gran parte de sus recursos a la compra de alimentos. 

Un estudio realizado entre 2018 y 2023 muestra que, mientras el índice general de precios al consumidor aumentó un 28%, el índice específico de alimentos subió un 47%. En 2023, el aumento de precios en alimentos fue del 7,5%, mientras que el índice general se incrementó apenas un 3,9%. 

“El proyecto establece que se consideren ambos indicadores, pero al momento de fijar el salario mínimo, se utilice aquel que haya registrado un mayor aumento, para beneficiar realmente a las familias trabajadoras, en función de lo que ocurre en la economía, donde los alimentos tienen un peso determinante”, expresó la senadora. 

La parlamentaria detalló que la iniciativa plantea dos componentes: el primero hace referencia a un ajuste técnico del cálculo actual, priorizando el índice que represente una mayor incidencia positiva en la vida de los trabajadores y trabajadoras. 

En tanto, el segundo se refiere a la transparencia en el proceso de ajuste, estableciendo que el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM) publique las actas y todos los cálculos utilizados para determinar el salario mínimo en la página web del Ministerio de Trabajo, de modo que la ciudadanía pueda acceder a esta información de forma clara y directa. 

Además, la proyectista remarcó la necesidad de una campaña para garantizar el cumplimiento de la ley laboral, formalizar el trabajo informal y asegurar que todos los trabajadores perciban el salario mínimo legal y tengan acceso al seguro social. “Hay patrones que, con el argumento de pagar más, evitan inscribir al trabajador en el IPS. Eso es ilegal. Tenemos que cumplir la ley”, advirtió. 

La legisladora también convocó a los sectores empresariales a sumarse a mesas de diálogo para garantizar que aquellos que hoy pueden pagar el salario mínimo y no lo hacen, comiencen a cumplir con la normativa vigente. “Sabemos que hay represalias cuando se denuncia, por eso no vamos a comprometer personalmente a nadie, pero vamos a impulsar reuniones con los empresarios”, sostuvo. 

Finalmente, recordó que cada vez que se ajusta el salario mínimo, incluso quienes ganan por encima de ese umbral suelen recibir aumentos, ya que este parámetro sigue siendo una referencia fundamental para el conjunto del sistema laboral.